Milei promulgó la ley de emergencia en discapacidad, pero suspendió su aplicación

El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque su puesta en marcha dependerá de que el Congreso apruebe fondos específicos dentro del Presupuesto 2026. La decisión se formalizó a través del Decreto 681/2025 y responde a la exigencia legal de contar con recursos antes de ejecutar normas con impacto fiscal.

NACIONAL - SALUD22/09/2025La Lupa MediosLa Lupa Medios
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El presidente Javier Milei promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, aunque su puesta en marcha dependerá de que el Congreso apruebe fondos específicos dentro del Presupuesto 2026. La decisión se formalizó a través del Decreto 681/2025 y responde a la exigencia legal de contar con recursos antes de ejecutar normas con impacto fiscal.

La norma tuvo un recorrido conflictivo. Primero, Milei la había vetado en agosto mediante el Decreto 534/25. Sin embargo, el Congreso revirtió esa decisión al insistir en su sanción: Diputados lo hizo el 20 de agosto y el Senado el 4 de septiembre, con mayoría de dos tercios en ambas cámaras. El 8 de septiembre el texto fue girado nuevamente al Ejecutivo y este lunes finalmente fue promulgado, aunque sin efectos inmediatos.

Desde el Gobierno aclararon que será el debate del Presupuesto 2026 —enviado el 15 de septiembre— el que determine si habrá partidas para poner en marcha la ley.

Alcances de la emergencia

La emergencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2026 y podría prorrogarse. Entre sus principales disposiciones se incluyen:

  • Nueva Pensión No Contributiva por Discapacidad, equivalente al 70% del haber mínimo, con movilidad y compatibilidad con empleo registrado.
  • Cobertura sanitaria garantizada por el Programa Incluir Salud y la Ley 24.901.
  • Reconocimiento a prestadores, con compensaciones por la brecha inflacionaria y aranceles únicos con actualización mensual.
  • Incentivos al empleo, con exenciones impositivas para empresas que contraten trabajadores con discapacidad.
  • Fortalecimiento de la ANDIS, con más atribuciones en control, certificación y auditoría.

Los cálculos oficiales proyectan que aplicar la ley demandaría $3,02 billones en 2025 (0,35% del PBI), mientras que los créditos disponibles rondan los $2,30 billones.

  • PNC por Discapacidad: $2,16 billones en 2025 y $4,70 billones en 2026.
  • Programa Incluir Salud: $574.200 millones en 2025 y $1,23 billones en 2026.
  • Compensación a prestadores: $278.323 millones.

Hasta que se definan los fondos en el Parlamento, permanecerán suspendidos:

  • La creación y conversión de nuevas pensiones no contributivas.
  • El pago de compensaciones a prestadores por la inflación acumulada.
  • La ampliación del Incluir Salud bajo el nuevo esquema.
  • La implementación de controles y auditorías de la ANDIS.
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