Aumentan hasta 35% las prestaciones por discapacidad y restituyen las pensiones suspendidas

El Gobierno dispuso un incremento escalonado en los valores de las prestaciones y deberá cumplir una orden judicial que obliga a restituir las pensiones por invalidez que habían sido dadas de baja.

NACIONAL - SALUD29/10/2025La Lupa MediosLa Lupa Medios
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La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) anunció un aumento de entre el 29% y el 35% en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. El ajuste se aplicará en tres etapas hasta diciembre y busca sostener la prestación de servicios en instituciones y profesionales del área.

La medida fue aprobada por el Directorio de Prestaciones Básicas, integrado por la ANDIS, el PAMI y la Superintendencia de Servicios de Salud, tras la asignación de fondos adicionales autorizados por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El nuevo esquema impactará en rubros como rehabilitación, transporte, apoyo educativo y atención médica, entre otros. La decisión llega después de largos reclamos de prestadores y organizaciones del sector, que advertían que el congelamiento de los aranceles había provocado cierres y demoras en los pagos.

Al mismo tiempo, el Juzgado Federal N°2 de Catamarca dictó una resolución de alcance nacional que obliga a restituir las pensiones no contributivas por invalidez y a pagar los montos retroactivos. El fallo también prohíbe nuevas suspensiones o auditorías en el marco del Decreto 843/2024, que había endurecido los criterios para acceder al beneficio.

La decisión judicial responde a una acción colectiva presentada por el Defensor del Pueblo de Catamarca, junto a organizaciones como APYFaDiM, la Asociación Azul, el CELS, ACIJ y la Clínica Jurídica de la UNLP. Según datos oficiales, más de 110 mil pensiones habían sido dadas de baja antes del fallo.

Desde el organismo, el interventor Alejandro Vilches también dispuso una revisión administrativa para garantizar la correcta publicación de las normas y reforzar la transparencia del proceso.

Con estas medidas, el Gobierno intenta normalizar un sistema tensionado por conflictos financieros y reclamos judiciales, y asegurar la continuidad de los servicios para las personas con discapacidad en todo el país.

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