Duro documento de los fiscales santafesinos por la denuncia de Traferri  

La denuncia del senador provincial Armando Traferri contra los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra provocó la reacción de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Acusación .

La corporación que reúne a los fiscales de la Justicia santafesina emitió un durísimo documento contra el legislador y la Legislatura toda, que terció en el conflicto de poderes cuando aquellos avanzaron en una investigación sobre juego clandestino hasta involucrar al sanlorencino. La misiva acusa también al ex gobernador Miguel Lifschitz de haber sido funcional a la defensa corporativa de los senadores con Traferri. 

“Si no fueran tan temibles, nos darían risa… Si no fueran tan dañinos, nos darían lástima…”, es la frase que prologa el documento que firman, entre otros, los fiscales Gisela Paolicelli, Mariano Ríos Artacho, Karina Bartocci, Sebastián Narvaja, entre otros. 

Carta completa

Con un nuevo alarde de sensación de impunidad y de goce de cobertura política y corporativa, el Senador Armando Traferri ha presentado una denuncia ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura contra los Fiscales del MPA Edery y Schiappa Pietra.

¿Por qué los denuncia? Porque cotidianamente, desde hace un tiempo, cometen la osadía de intentar llevarlo a juicio para que un Tribunal, en audiencia pública, determine si es o no culpable de recibir coimas, de hacer tráfico ilegal de influencias, de manipular a funcionarios judiciales y policiales para favorecer empresas ilegales de juego clandestino, entre otras probas contribuciones al bienestar de la Provincia de Santa Fe.

Aunque los niveles de cinismo contenidos en esta acción del Senador Traferri continúan indignándonos, nada tiene de novedosa. Cuando ambos fiscales impulsaron una declaración de inconstitucionalidad de la norma que protege con fueros de impunidad al Senador, éste los denunció. Cuando la Fiscala Haurigot desestimó esa denuncia, Traferri la denunció. Y cuando la Jueza Más Varela condenó al ex fiscal Ponce Asahad, cómplice confeso de Traferri, denunció a la Jueza.

La acción sistemática de avasallamiento contra las y los funcionarios del Poder Judicial que intentan acusar y enjuiciar a Traferri comenzó en 2017, cuando dos fiscales del MPA iniciaron una investigación por utilización indebida de subsidios, a partir de la denuncia presentada por el Dr. Jorge Boasso. Entonces, los senadores en bloque denunciaron a ambos fiscales ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura. En ese momento, ocho años después, se dieron cuenta que la ley 13.013, aprobada en 2009, no otorgaba facultades disciplinarias sobre las y los fiscales a la Comisión de Acuerdos de la Legislatura.

“–¡¿Cómo que no podemos sancionar nosotros a las y los fiscales?!”, se preguntaron. E hicieron lo más sencillo, cambiar la ley para ajustarla a sus necesidades políticas.

La ley se aprobó, literalmente, entre gallos y medianoche, por unanimidad de las y los integrantes de ambas cámaras. Las y los fiscales le pedimos al Gobernador Lifschitz que vetase la ley. El Gobernador honró sus alianzas con las y los legisladores y la promulgó. Así comenzó la historia de la debilitación institucional del Ministerio Público de la Acusación.

Desde entonces, pesan sobre la cabeza de toda y todo fiscal que se atreva a investigar casos que pongan en peligro los intereses del poder, espadas que no tiene nada que ver con Damocles. Además, no es una sola, son muchas. Se trata de las espadas de Baucero, de Berra, de Borla, de Cornaglia, de Diana, de Enrico, de Giacomino, de Gramajo, de Marcón, de Michilig, de Pirola, de Rasetto, de Rodenas, de Rosconi, de Sosa, de Traferri, de cualquier Diputada o Diputado, o de cualquier pariente de cualquiera de ellos, o de cualquier mecenas, acólito, esbirro, financista, aliado, favorecido, amigo, socio, amigo del socio, socio del amigo, financista del aliado del amigo del socio…

Esta ley, cuyo objetivo político principal es disciplinar a cualquier fiscal que intente avanzar en investigaciones que puedan incriminar a políticos y poderosos continúa vigente, en lo esencial, hasta ahora.

Para sostener este manto de impunidad, la dirigencia política ha hecho gala de una enorme capacidad de construcción de consensos.

Por otra parte, la dirigencia provincial ha logrado el mismo nivel de capacidad de negociar y encolumnarse detrás de un objetivo para asegurar el blindaje del Senador Traferri. Pese a que sobre él pesa la grave acusación de integrar una asociación ilícita, en un caso en el que varios de sus cómplices se encuentran confesos y condenados, continúa amparándose en sus fueros parlamentarios. Pero su amparo en sus privilegios es posible sólo a partir de la aquiescencia de la mayor parte del arco político santafesino, que desde hace tiempo protege al contumaz Senador.

La cohesión política que cuida a un Senador sospechado de corrupción y que amenaza a los fiscales que tratan de hacer su trabajo constituye, a la vez, una triste paradoja. En una Provincia en la que las víctimas de homicidios y femicidios se cuentan por cientos, parece imposible construir un consenso político general en materia de seguridad y justicia. No obstante, desde 2017, la mayoría de los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo construyen impunidad monolíticamente.

Para ensombrecer aún más este escenario, los grupos que concentran la mayoría de los medios de comunicación masiva en la provincia cubren con velos de silencio y oscuridad el status quo.

Mientras que las crónicas sobre muertes, violencia y delincuentes de baja estofa pueblan las páginas de los portales de noticias, los graf de televisión y el aire de las radios, los crímenes de los poderosos se pierden en el jubileo de las finanzas mediáticas.

Es posible que quien haya leído hasta aquí pueda presentir fatalismo en nuestra indignación, o derrotismo en nuestro grave diagnóstico. Nada de eso. Las y los fiscales del MPA estamos convencides que es posible construir una justicia sólida, al servicio de una institucionalidad democrática y de un sólido Estado de Derecho. Nuestras convicciones y compromiso están intactos.

Sin embargo, hay preguntas que debemos hacer a las dirigentes y a los dirigentes políticos: ¿Hasta cuándo serán cómplices de la impunidad del Senador Traferri? ¿Hasta cuándo seguirá siendo válido el patoterismo contra las y los funcionarios judiciales? ¿Hasta cuándo van a continuar sosteniendo el actual régimen disciplinario para las y los fiscales del MPA, como herramienta de extorsión?

¿Hasta cuándo?

 Fuente: Política de Santa Fe