El Gobierno les prohíbe el contacto físico y restringe las visitas para presos de alto riesgo

Por medio de una Resolución, el Ministerio de Seguridad Nacional implementó modificaciones para neutralizar las mafias intra carcelarias y controlar las visitas autorizadas a los internos incorporados en el “Sistema Integral de Gestión para presos de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal”.

A 1 año de la implementación del Sistema de Alto Riesgo y por la efectividad de las restricciones impuestas, los presos estarían intentando utilizar una nueva estrategia para sortear los controles: usar a sus familiares directos y a sus abogados defensores como medio de transmisión de órdenes e instrucciones al exterior.

Durante el año 2024, se ordenó la detención de 9 familiares directos y de 2 abogados defensores por delitos previstos en la Ley N° 23.737, asociación ilícita, amenazas, incendio y secuestro extorsivo, entre otros.

El pasado miércoles, a través del trabajo realizado por el Sistema Integral de Gestión de Alto Riesgo, los agentes divisaron una hoja escrita por un preso de alto riesgo que se lo entregaba a su madre que lo visitaba.
 
En ella, se impartían ordenes claras para que se sigan cometiendo delitos que desencadenen más muertes, por lo que la visitante fue retenida y quedó a disposición de la justicia, quien ordenó su detención inmediata.

Por esto se están las medidas de control: los presos de alto riesgo podrán recibir la visita de hasta 2 familiares directos mayores de 16 años, y de sus hijos menores, cada 15 días, y las visitas se harán exclusivamente en locutorios, sin contacto físico.

Desde el traspaso a fines del 2023 del Servicio Penitenciario Federal a la órbita del Ministerio de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios a cargo de Julián Curi se han implementado precisas medidas, entre ellas, se reforzaron fuertemente los controles y se evitó el ingreso de numerosos celulares, drogas y elementos punzantes a los penales. 

En ese sentido, en octubre del 2024 se inició el plan “Manos a la obra”, con el objetivo de que todos los presos trabajen en las cárceles. El relevamiento que hizo la gestión a cargo de Bullrich demostró que solo estaba ocupada el 34% de la capacidad laboral, cuando se podía alcanzar más del 60%. Entre otras labores, los detenidos confeccionan los uniformes del personal penitenciario y de los internos y además realizan tareas de mantenimiento edilicio.

En ese marco, cabe aclarar que la puesta en marcha del Sistema Integral de Gestión para presos de Alto Riesgo fue un hito transcendental, instrumentado por personal penitenciario especialmente seleccionado y entrenado para desarticular el accionar de organizaciones criminales alojadas en las cárceles. Asimismo, en concordancia con la situación de emergencia por la que atraviesa Santa Fe y la puesta en marcha del “Plan Bandera”, se desmantelaron clanes narco familiares, con el despliegue de efectivos de las fuerzas federales en esa provincia y tareas de inteligencia para combatir los delitos y resguardar la vida de los vecinos.

Por otra parte, el Sistema regulaba el régimen de visitas, de comunicaciones telefónicas y de correspondencia, en particular, establecía impedir que los reos pudieran comunicarse con el exterior con fines ilegales. 

Para impedir las maniobras de los presos de alto riesgo, el Ministerio de Seguridad había reforzado las medidas implementadas inicialmente, en relación con las comunicaciones telefónicas de todos esos internos, para lo cual aplicó mecanismos adicionales, frente a la alerta recibida acerca de que dos reos pudieron encomendar la comisión de alguno de los hechos violentos que tuvieron lugar durante 2024, en la ciudad de Rosario, desde su lugar de alojamiento.

En esa oportunidad, se dispuso suspender por el término de 30 días sus comunicaciones telefónicas, a excepción de las cursadas con sus abogados defensores y con los organismos de control. A su vez, se determinó suspender por 30 días las visitas autorizadas, a excepción de aquellas que realizaran sus abogados defensores debidamente acreditados en los expedientes judiciales.

En consecuencia, se advirtió que frente a la efectividad de las restricciones impuestas, se estaría profundizando una nueva estrategia para sortear los controles, la cual consistía en la utilización de las visitas autorizadas a familiares directos y a abogados defensores como medio de transmisión de órdenes e instrucciones al exterior, por lo que el Ministerio de Seguridad ha procedido con la mencionada Resolución.

Entre las medidas dispuestas, se determina que cada interno incorporado en el “Sistema Integral podrá recibir la visita de hasta dos familiares directos mayores de 16 años. Asimismo, esta visita se realizará sin contacto, es decir, a través de locutorio; cada 15 días y con una duración de 60 minutos.

Por otra parte, cada reo incorporado al dispositivo podrá recibir la visita de sus hijos menores de 16 años, que se realizará sin contacto, es decir, a través de locutorio; cada 15 días y con una duración de 60 minutos.

El Servicio Penitenciario Federal deberá requerir a la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre detenido cada interno y al Ministerio Público Fiscal que por jurisdicción corresponda, que se informe si existe algún impedimento para autorizar las visitas de cada uno de los familiares directos solicitados por los internos incorporados en el sistema. Una vez revocada la autorización de un visitante por parte de un preso, no podrá volver a solicitar que sea autorizado en un plazo de seis meses.

La medida dispone además, que no se autorizará el ingreso como visita a personas que hayan sido condenadas o que se encuentren investigadas por la posible comisión de un delito. A su vez, los internos incorporados a este protocolo no podrán recibir visitas de apoderados ni de allegados.