Santa Fe y la inseguridad vial: una deuda del Estado y de la sociedad

En la provincia de Santa Fe, hablar de seguridad vial ya no puede limitarse únicamente a campañas de concientización o controles esporádicos. La realidad cotidiana expone un problema mucho más profundo: rutas deterioradas, calles urbanas destruidas, señalización deficiente, iluminación insuficiente y una infraestructura vial que, en muchos sectores, se encuentra claramente por debajo de las condiciones mínimas de seguridad que deberían garantizarse para quienes transitan a diario.

El estado de numerosas rutas provinciales y nacionales que atraviesan Santa Fe refleja años de abandono, mantenimiento insuficiente y falta de planificación. Pozos, banquinas rotas, falta de demarcación, semáforos fuera de funcionamiento y carteles inexistentes forman parte de un escenario que aumenta onsiderablemente el riesgo vial. En las ciudades ocurre algo similar: calles deformadas, cruces peligrosos, señalización confusa y sectores donde la circulación parece librada únicamente a la experiencia o intuición de cada conductor.

Es imposible negar que el Estado posee una responsabilidad central en esta problemática. Tanto los gobiernos provinciales como municipales tienen el deber de garantizar infraestructura segura, controles eficientes y políticas públicas sostenidas orientadas a preservar la vida. La seguridad vial no puede tratarse como un gasto secundario ni como una cuestión meramente estética; es una obligación vinculada directamente con la protección de los ciudadanos. Cuando una ruta permanece destruida durante años o un cruce peligroso continúa sin intervención pese a reiterados accidentes, existe una falla institucional evidente.

Sin embargo, reducir el análisis únicamente a la infraestructura sería incorrecto. El factor humano continúa siendo el núcleo principal y determinante en la enorme mayoría de los siniestros viales. La imprudencia, la negligencia y la transgresión constante de las normas de tránsito siguen ocupando un lugar central en las estadísticas de muertes y lesiones graves en Argentina.

Exceso de velocidad, consumo de alcohol al conducir, uso del celular, adelantamientos indebidos, falta de casco, desobediencia a los semáforos y maniobras temerarias forman parte de conductas naturalizadas por una parte importante de la sociedad. Lo más preocupante es que muchas veces estas acciones no son vistas como algo excepcional, sino como prácticas cotidianas aceptadas culturalmente. Allí aparece uno de los conceptos más importantes para entender la problemática vial argentina: la anomia vial.

La anomia vial describe una situación donde las normas existen, pero gran parte de la sociedad actúa como si no tuvieran valor real. Las leyes están, los límites están señalizados, las obligaciones son conocidas, pero prevalece la idea de que cumplirlas depende de la conveniencia personal y no de un compromiso colectivo con la vida. Esta conducta deja en evidencia un problema social profundo: la dificultad para respetar reglas básicas de convivencia.

En Argentina, y particularmente en muchos sectores de Santa Fe, parece haberse instalado una lógica individualista donde algunos conductores consideran que las normas son obstáculos y no herramientas de protección. El “a mí no me va a pasar”, el “manejo así desde siempre” o el “por una vez no pasa nada” terminan convirtiéndose en argumentos frecuentes detrás de tragedias evitables. La conducción deja de ser entendida como una responsabilidad social para transformarse, muchas veces, en un espacio donde predomina el ego, la impaciencia y la falta de empatía.

También resulta preocupante el ejemplo que muchos adultos transmiten a los jóvenes. Padres que no usan cinturón, motociclistas sin casco, conductores que cruzan en rojo o utilizan el celular mientras manejan terminan normalizando conductas de riesgo frente a nuevas generaciones. Luego, cuando ocurren los siniestros, se busca responsabilizar únicamente a la fatalidad, ignorando que gran parte de estas tragedias pudieron evitarse mediante hábitos responsables y respeto por la ley.

La seguridad vial requiere un abordaje integral. El Estado debe asumir seriamente su rol en materia de infraestructura, mantenimiento, educación y control, porque las calles y rutas seguras también salvan vidas. Pero al mismo tiempo, la sociedad necesita recuperar el sentido de responsabilidad colectiva. Ninguna obra pública será suficiente si continúa existiendo una cultura donde la imprudencia se celebra, la norma se desprecia y el riesgo se naturaliza.

Mientras en Argentina los siniestros viales continúen siendo una de las principales causas de muerte, especialmente entre jóvenes, seguir hablando de seguridad vial no será una exageración ni una moda: será una necesidad urgente.