La Lupa Medios
La decisión del Gobierno de Santa Fe de avanzar con la implementación del Sistema Integrado de Salud Laboral (SISPAL) abre un debate que excede ampliamente una reforma administrativa. Lo que está en discusión es qué concepción de Estado sostiene esta política, cómo entiende la salud laboral y cuál es el lugar que ocupan las y los trabajadores en esa mirada.
La información emitida por el gobierno provincial señala que el sistema será administrado por una empresa privada del Grupo Werthein, que tendrá a su cargo el control médico, el seguimiento de licencias, la atención de accidentes laborales, la provisión de medicamentos y la confección de carpetas de ingreso para alrededor de 150.000 trabajadores y trabajadoras estatales. Entre ellos, la docencia santafesina.
El Gobierno presenta esta iniciativa como una herramienta para mejorar la atención y reducir el ausentismo. Sin embargo, nos preguntamos: ¿se pretende cuidar la salud de quienes sostenemos diariamente las escuelas? ¿O el objetivo es controlar las consecuencias de políticas que vienen deteriorando sistemáticamente las condiciones de trabajo?
La mirada puesta sobre la cantidad de licencias tomadas reduce este problema complejo a una simple estadística. La verdadera discusión debe comenzar por las causas que enferman a las y los trabajadores.
En la docencia esas causas son conocidas: Salarios insuficientes que obligan al pluriempleo, jornadas laborales que se extienden mucho más allá del horario escolar, sobrecarga administrativa, creciente complejidad de las tareas pedagógicas, problemas edilicios, situaciones de violencia, demandas sociales cada vez más profundas, el deterioro sostenido de la cobertura de la obra social, las modificaciones en el régimen previsional, la instalación del presentismo como mecanismo de extorsión y "disciplinamiento"; conforman un escenario que hace años venimos denunciado desde AMSAFE y CTERA.
Las investigaciones desarrolladas por CTERA muestran que miles de docentes concurren a trabajar aun cuando necesitan reposo por temor a perder una parte importante de su salario. Cuando enfermarse implica un castigo económico, la licencia deja de ser un derecho y se transforma en un privilegio al que muchas y muchos trabajadores renuncian para sostener sus ingresos.
Desde el Gobierno se sostiene un discurso de cuidado de la salud a la vez que se implementan políticas que empujan a trabajar enfermos, se deteriora el poder adquisitivo de los salarios, se profundiza el pluriempleo, se modifican las condiciones jubilatorias y persisten graves problemas en la cobertura de IAPOS.
En ese contexto, la implementación de un sistema centrado en el control de las licencias genera serias preocupaciones. Con esto se consolida una lógica donde la enfermedad es observada desde la sospecha y no desde el cuidado, reforzando mecanismos de vigilancia sobre quienes sostenemos cotidianamente la escuela pública y el funcionamiento del Estado.
La decisión de tercerizar funciones vinculadas a la salud laboral profundiza esa preocupación. Delegar en una empresa privada responsabilidades que corresponden al Estado empleador expresa una determinada concepción de gestión pública. No se trata solamente de quién presta el servicio, sino además de qué intereses orientarán esa intervención y cuáles serán los criterios con los que se evaluará la salud de las y los trabajadores. Cuando el control sustituye al cuidado, el derecho corre el riesgo de quedar subordinado a objetivos de reducción numérica del ausentismo, sin observar y abordar las causas.
Prevenir significa mejorar las condiciones de trabajo, fortalecer equipos interdisciplinarios, reconocer las enfermedades profesionales, garantizar una cobertura eficiente de IAPOS, desarrollar políticas de prevención y promoción de la salud, proteger la salud integral y recomponer salarios que permitan vivir dignamente sin pluriempleo. Entendido, además, que somos las y los trabajadores quienes debemos participar de todas las discusiones que tengan que ver con nuestro salario, trabajo, condiciones, carrera, asuntos previsionales y salud, entre otros temas.
Las y los docentes no nos enfermanos porque existen licencias. Nos enfermanos porque trabajamos en condiciones que muchas veces deterioran profundamente la salud. No se deben onfundir las consecuencias con las causas.
La educación pública necesita docentes reconocidos y con condiciones laborales dignas. No necesita trabajadores vigilados ni sistemas que transformen la enfermedad en un indicador de productividad.
Defender la salud laboral es defender los derechos de las y los trabajadores, a recuperarse sin perder salario y a desarrollar su tarea en condiciones dignas. Esa es una responsabilidad indelegable del Estado y una condición indispensable para garantizar una educación pública de calidad.
Seguiremos defendiendo los derechos de las y los trabajadores de la educación, la escuela pública y el derecho social a la educación.
