Robo de armas en el Batallón 603: la Cámara Federal de Rosario rechazó los pedidos de prescripción de dos exmilitares

La causa investiga la sustracción de 43 fusiles FAL y cientos de piezas del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán, detectada en 2011. El expediente, que permaneció paralizado más de una década, sigue vigente y podría sumar cargos por contrabando agravado.

Judiciales12/11/2025La Lupa MediosLa Lupa Medios
batallon de arsenales 603
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La Sala B de la Cámara Federal de Rosario rechazó los planteos de extinción de la acción penal por prescripción formulados por dos de los siete militares retirados procesados por el robo de armas del Batallón de Arsenales 603 de Fray Luis Beltrán.

El fallo, firmado este miércoles por los camaristas Fernando Barbará, Silvina Casiello y María Villate, confirmó lo resuelto por el juez federal Carlos Vera Barros, quien el 30 de septiembre de 2025 había desestimado la prescripción.

La causa se originó tras la sustracción de 43 fusiles FAL completos y centenares de piezas —mecanismos, cañones, cerrojos y correderas— que desaparecieron del depósito del Batallón en 2011. El hecho fue denunciado por el entonces jefe de la unidad, coronel Enrique Battezzati, luego de que se descubriera en Brasil un fusil con numeración del Ejército Argentino en poder de un traficante de armas, Getulio Morgado Sánchez.

A partir de ese hallazgo, se comprobó que armas y piezas sustraídas habían llegado a organizaciones criminales en Paraguay y Brasil, incluso algunas vinculadas al Comando Vermelho, lo que llevó a la Fiscalía Federal, a cargo de Javier Arzubi Calvo, a impulsar la incorporación del delito de contrabando agravado a las imputaciones.

Los procesados —Alejandro Holm, José Dilsizian, Arnaldo Trossero, Marcelo Cloux, Gustavo Montiel, Héctor Mastrachio y Federico Otero— están acusados de peculado, incumplimiento de deberes y falsificación de instrumento público. La mayoría se retiró del Ejército en 2012.

Uno de los principales implicados, Hernán Diego Solís, jefe de la Sección Armamento, se suicidó en 2011, cuando el caso comenzaba a investigarse.

En su resolución, Vera Barros destacó que “las maniobras trascendieron las fronteras del país y afectan la seguridad nacional, pudiendo incluso comprometer la responsabilidad internacional de la Argentina”.

Con información de: Rosario3

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