
La Justicia condenó a Nahuel Fernández tras un acuerdo abreviado que unificó su responsabilidad en hechos de amenazas, lesiones y robos ocurridos en San Lorenzo y Puerto General San Martín.
El acusado permanecerá detenido hasta el 22 de diciembre. Está imputado por golpear y amenazar con un arma a un chofer de Uber durante una discusión y por tener un arma sin autorización legal.
Judiciales06/11/2025
Lucas Bigil
Este jueves 6 de noviembre, en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo, la Fiscalía imputó a Y.S. por los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones leves, y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, todos en grado consumado.
El Juez de Primera Instancia Carlos Gazza tuvo por formalizada la imputación y dictó la prisión preventiva efectiva del acusado, con vencimiento el 22 de diciembre de 2025.
Según la investigación de la Fiscal Natalia Benvenuto, el 1° de noviembre de 2025, alrededor de las 17:45 h, Y.S. se aproximó a un chofer de la aplicación Uber que discutía con su pasajero por el monto de la tarifa, en inmediaciones de su domicilio ubicado en calle 15 S/N, a 50 metros de calle El Timbó, en Puerto General San Martín.
El imputado le entregó seis mil pesos al conductor mientras le decía que tomara el dinero y se retirara del lugar. Sin mediar palabra, le dio un golpe de puño en la mejilla derecha, provocándole un traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conocimiento, y luego levantó la remera y exhibió una pistola calibre .22 Smith & Wesson, con la que lo amenazó para amedrentarlo e impedir su accionar.
Además, la fiscal le atribuyó que el 2 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 13:30 h, durante un allanamiento realizado por personal de la Comisaría 5ª de Puerto General San Martín en su domicilio, tenía en su cintura una pistola calibre .22 marca Smith & Wesson modelo 622, sin contar con la debida autorización legal.
El magistrado Carlos Gazza resolvió que el imputado permanezca detenido mientras continúa la investigación, al considerar acreditados los riesgos procesales y la gravedad de los hechos.

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