El Gobierno desreguló las cuotas de los colegios privados, pero la medida no impacta en Santa Fe

El Ejecutivo nacional derogó la norma que regulaba desde hace tres décadas los aranceles de los colegios privados. Las instituciones podrán fijar libremente sus cuotas y matrículas. En Santa Fe, sin embargo, seguirá vigente el sistema provincial que establece topes y criterios de actualización.

Nacional11/11/2025La Lupa MediosLa Lupa Medios
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El Gobierno nacional eliminó este martes el régimen que regulaba los aranceles de los colegios privados mediante el Decreto 787/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida deroga el Decreto 2417/1993, que obligaba a los establecimientos a informar con anticipación los valores de matrícula y cuotas, así como las modalidades y plazos de pago o los recargos por mora.

Con la nueva normativa, las instituciones educativas privadas no deberán pedir autorización ni comunicar precios al Estado nacional, y podrán definir sus propias “políticas de precios”. Desde el Ejecutivo argumentaron que la regulación vigente hacía difícil que los colegios se adaptaran a las “realidades educativas y económicas del país”.

La resolución alcanza a unas 2.000 escuelas privadas sin aporte estatal, según confirmaron desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA).

Santa Fe queda fuera del alcance de la medida
Pese al impacto nacional, en Santa Fe nada cambia. La provincia cuenta con su propio esquema regulatorio, establecido en la Disposición 18/2003, que fija parámetros y topes según el aporte estatal que recibe cada institución.

Según explicó el especialista Saba, “la forma de cobrar la cuota está atada al salario docente: si aumenta el sueldo, aumenta la cuota. En Santa Fe sigue igual”. Agregó que, en un contexto de crisis, “desregular significaría dejar la cuota librada a la oferta y la demanda, pero los colegios necesitan consenso porque necesitan alumnos”.

Saba también advirtió que “no se puede desarraigar a un chico porque los padres no pueden pagar”, y remarcó que la participación del Estado en la educación de gestión privada “pone pautas que evitan decisiones arbitrarias”.

Planteó además que aunque el aumento docente es bajo —“sabemos que en noviembre sube apenas un uno por ciento”—, los costos operativos como luz, gas, papelería y servicios crecen mucho más rápido. “Estamos todos desfinanciados: escuelas, empresas y familias. Vamos viendo qué hacer y apoyándonos en la comunidad”, señaló.

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