Traferri presentó un pedido de informes sobre la implementación del "Registro Provincial de Comercialización de Tarjetas SIM"

Esta ley tiene como objetivo la prevención de las conductas delictuales vinculadas con el uso indebido de la telefonía celular. A partir de la creación de registros que permitan la identificación de los responsables de las líneas, se puede desalentar el uso de la telefonía móvil para cometer delitos.

Provincial 24/04/2023 La Lupa Medios La Lupa Medios
Traferri

El senador Armando Traferri le solicitó al Ejecutivo provincial información sobre la implementación del Registro Provincial de Comercialización de Tarjetas SIM. El pedido también se hizo extensivo a “cualquier acción gubernamental que confluya de manera concreta al objeto perseguido por la ley provincial 13820 de prevención de delitos por uso indebido de telefonía celular”.

Esta ley, aprobada en 2018, tiene como objetivo la prevención de las conductas delictuales vinculadas con el uso indebido de la telefonía celular. A partir de la creación de registros que permitan la identificación de los responsables de las líneas, se puede desalentar el uso de la telefonía móvil para cometer delitos.

Con el correr de los años esta norma se ha vuelto cada vez más actual y necesaria, sobre todo teniendo en cuenta que la telefonía celular se ha vuelto un arma fundamental para concretar delitos como las estafas virtuales, que a veces se perpetran desde el interior de los penales penitenciarios.

“En este contexto parece más que necesaria la creación de un Registro Provincial de Comercialización Tarjetas SIM. La concientización general de sus condiciones de uso y la instrucción preventiva en colaboración con el sector privado resultarían centrales para cumplimentar el objeto de la norma”, sostuvo Traferri.

“La Ley detalla las sanciones aplicables a los proveedores que infrinjan la norma, cerrando así un abordaje completo, dentro de la misma norma que cubre el ciclo: objeto, registro y control, prevención, incumplimiento, sanción, disuasión”, agregó.

La norma fue aprobada por la Legislatura en 2018 y promulgada por el Ejecutivo al año siguiente por lo que el senador considera que “es deber de la Cámara relevar la efectiva existencia y operatividad de las instancias de aplicación”.

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