La Lupa Medios
El dirigente del Partido Socialista, Fernando Bassan, presentó en el Concejo Municipal de San Lorenzo un proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de exámenes toxicológicos iniciales y periódicos para todo el personal político del Ejecutivo local y los concejales de la ciudad.
La iniciativa busca “fortalecer la integridad institucional y la confianza ciudadana en la función pública”, según se detalla en los fundamentos del texto. El proyecto subraya que el consumo de sustancias psicoactivas puede afectar el desempeño de los funcionarios, quienes “deben ser ejemplo de conducta para la ciudadanía”.
De aprobarse, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Salud Municipal, que deberá definir el protocolo correspondiente y firmar convenios con instituciones sanitarias para la realización de los estudios.
El articulado también contempla que un resultado positivo o la negativa injustificada a realizar los exámenes sea considerado falta grave, con sanciones a aplicar en el marco de la normativa vigente.
“Queremos dar un mensaje claro: la transparencia y la ética no se declaman, se demuestran con hechos. Los representantes públicos tienen la obligación de ser los primeros en someterse a estos controles”, sostuvo Bassan al justificar la propuesta.
Y aclaró: “No se trata de estigmatizar ni de vulnerar derechos, sino de consolidar la integridad institucional. La sociedad nos demanda coherencia y este es un paso en esa dirección”.
Experiencias en otras provincias y municipios
Normas de similares características ya rigen en distintos puntos del país. En Tucumán, desde 2016 está en vigencia una ley que establece como requisito para la permanencia en los niveles políticos y jerárquicos de la función pública el carecer de adicción a drogas ilegales, con controles obligatorios de metabolitos en orina.
En Tierra del Fuego, desde 2018 funciona una normativa provincial que dispone exámenes regulares y habituales para todos los funcionarios públicos.
En Córdoba, la ley 10.954 sancionada en diciembre de 2023 obliga a que gobernador, vicegobernador, legisladores, ministros, secretarios y asesores presenten anualmente un certificado negativo de consumo de drogas ilegales, emitido por una institución médica.
A nivel municipal, en la localidad puntana de Villa Mercedes también se aprobó en 2023 una ordenanza que exige a los funcionarios carecer de consumo de sustancias psicoactivas ilegales como condición para ejercer sus cargos. Y recientemente ingresaron iniciativas similares en el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario.
Con este proyecto, San Lorenzo se sumaría al grupo de ciudades y provincias que avanzan en regulaciones de este tipo, poniendo el eje en la ética, la transparencia y la responsabilidad de quienes ocupan lugares de representación política.
