El gobierno de Omar Perotti trabaja junto a las entidades financieras para generar un sistema más ágil y seguro, y mejorar los canales de resolución de reclamos, con énfasis en el sobreendeudamiento de los usuarios.
Provincial13/08/2023
La Lupa Medios
El gobierno de la provincia de Santa Fe asumió un compromiso firme en la promoción y defensa de los derechos de los usuarios financieros, fortaleciendo la colaboración entre las instituciones bancarias y financieras y los ciudadanos. En este contexto, se impulsaron diversas iniciativas encaminadas a agilizar las respuestas y garantizar las relaciones basadas en el cumplimiento de las leyes nacionales y provinciales.
La Secretaría de Comercio Interior y Servicios, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, desempeña un papel fundamental en esta iniciativa. Con especial atención en los adultos mayores, cuya adaptación a los procesos digitales y resolución de reclamos es crucial, se trabaja para fomentar un trato justo y digno hacia los usuarios financieros. Esta labor fue respaldada por el Consejo Provincial de Personas Mayores, reconociendo la necesidad de una atención más cuidadosa en medio de la transformación digital.
Uno de los hitos más recientes en este esfuerzo es la Disposición Nº 059/2023, emitida por la Secretaría de Comercio Interior y Servicios provincial. Esta disposición enfatiza la importancia de que las empresas del sector financiero se adhieran a las normativas comerciales y de protección al consumidor. Se insta a que se cumplan los deberes de seguridad, trato respetuoso, adecuada información, gestión eficiente de reclamos y especial atención a quienes enfrentan hiper vulnerabilidad.
Es fundamental destacar que estos derechos están respaldados por la Ley Nacional Nº 24.240 de Defensa del Consumidor, así como por normativas de la Secretaría de Comercio de la Nación y del Banco Central de la República Argentina. Estas normas establecen la obligación de los bancos de resolver reclamos, brindar atención adecuada al público, informar a los clientes y capacitar a su personal, promoviendo así un "buen trato".
Proteger los datos y derechos de los consumidores
Las cifras de la Dirección Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor reflejan la relevancia de estas acciones. En el año 2022, se presentaron 1.700 reclamos en relación a usuarios financieros.
Estos registros son exclusivamente de oficinas locales y provinciales adheridas a la Red Provincial, sin considerar aquellos presentados ante oficinas no adheridas y el gobierno Nacional por usuarios oriundos de Santa Fe.
Un hecho reciente y clave que demuestra el compromiso de las autoridades y la industria financiera tuvo lugar en un reciente encuentro: representantes legales de bancos radicados en Santa Fe se reunieron con autoridades provinciales para abordar las preocupaciones y posibles soluciones. Participaron representantes de Plus Pagos y los bancos Macro, Supervielle, Nuevo Banco de Santa Fe, Columbia, HSBC, Banco Industrial, BBVA, Santander, Coinag y Banco de Entre Ríos. La directora Provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, enfatizó que la colaboración busca mejorar la protección de datos y derechos de los consumidores, además de agilizar procesos de resolución de conflictos. “Discutimos una estrategia preventiva de conflictos de consumo, en sintonía con el enfoque de la Guía de Buenas Prácticas.
Comerciales sobre la cual venimos trabajando desde el Gobierno de Santa Fe
Sobre lo establecido en la normativa referida, cabe destacar que los bancos tienen la obligación de informar a sus usuarios sobre transacciones inusuales, mecanismos de validación de identidad, garantizar la atención telefónica por personas humanas y la atención prioritaria de personas con movilidad reducida.
Además, deben contar con sistemas y documentación adaptados para personas con dificultades visuales, auditivas y/o del habla. También deben asegurar el derecho a realizar operaciones presenciales o por ventanilla, sin cargos ni comisiones, el acceso a servicios financieros sin discriminación de edad, un tamaño mínimo legible de la letra de los contratos, y la entrega de un ejemplar de documentos firmados al usuario aun cuando se celebren a distancia. A su vez, deben resguardar el derecho a revocar el contrato electrónico, llevar registros de los reclamos, brindar la posibilidad de seguimiento, prestar atención personalizada si así se solicita, notificar la resolución, conocer sus fundamentos y tener constancia de ello, entre otros asuntos.
Adicionalmente, la problemática del sobreendeudamiento fue abordada de manera decidida. La Secretaría de Comercio Interior y Servicios adoptó la Guía de Defensa del Consumidor y Arbitraje de Consumo (Disposición Nº 11/2023), con el fin de atender eficazmente los casos de sobreendeudamiento. Esta guía busca agilizar la resolución de reclamos y asegurar que las entidades financieras también cumplan su parte en esta tarea.
Al respecto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, sostuvo que “estas acciones pretenden establecer un nuevo estándar en la prevención y resolución de reclamos financieros. La colaboración es la clave, y la sanción es una medida de último recurso. La profundización de estas acciones conjuntas entre el Estado, las empresas y la sociedad civil es esencial para lograr un sistema más justo y eficiente”.
De esta manera, el gobierno de la provincia de Santa Fe demuestra su firme compromiso en la protección de los derechos de los usuarios financieros. A través de una colaboración estratégica con el sector bancario y financiero, se busca no solo mejorar la atención a los consumidores, sino también promover una cultura de responsabilidad compartida en la protección contra fraudes y abusos. En un mundo financiero en constante evolución, estas iniciativas son un paso crucial hacia una mayor equidad y seguridad para todos los ciudadanos.
Será la primera vez que el calendario parlamentario comience en febrero tras la reforma constitucional, con proyectos clave que deberán tratarse en las primeras semanas.
La delegación, que partió el 31 de enero desde Rosario, estuvo integrada por 30 personas de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE). “Tuvimos todas las herramientas para trabajar seguros en un terreno difícil, priorizando la salud de nuestros brigadistas”, destacaron al regreso.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que los agentes serán apartados del servicio con retiro de arma y chaleco antibalas. Además, advirtió sobre posibles ilícitos penales y defendió la política de seguridad provincial.
La medida se desarrolló durante la madrugada frente a la Jefatura de Policía. Hubo cortes de tránsito, sirenas encendidas y un acuartelamiento que elevó la tensión en la ciudad.
El contingente de 30 brigadistas santafesinos trabaja desde esta semana en la jurisdicción de Cholila, Chubut, en tareas de ataque directo al fuego, cortafuegos y contención de focos secundarios. El operativo se realiza en coordinación con la provincia patagónica y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad al presentar el plan integral para las fuerzas de seguridad que implementará el Gobierno de Santa Fe. La decisión fue adoptada bajo la premisa de que “la inversión en seguridad no tiene precio para esta gestión”, según destacaron fuentes oficiales.
La Provincia de Santa Fe anunció un paquete de medidas para mejorar la salud mental, el transporte, el alojamiento y los ingresos salariales del personal policial operativo en calle. La decisión busca reconocer resultados históricos y fortalecer el vínculo entre el Estado y quienes trabajan todos los días para mejorar la seguridad.
Provincia reglamentó un nuevo beneficio de la Ley Tributaria 2026 que permite a industrias, comercios y servicios de alojamiento computar como crédito fiscal el importe básico de la factura de luz. Los topes van del 10 % al 30 % del impuesto determinado, y el trámite será totalmente digital.
El encuentro reunió a adolescentes y a vecinos que se acercaron tras la difusión de la convocatoria en redes sociales.
Los procedimientos crecieron de 140 en 2023 a 150 en 2025, con 76 cirugías a cielo abierto y 74 por hemodinamia. Las derivaciones a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajaron de cinco a una en tres años. “Fue una gran noticia saber que mi hijo podía operarse en un hospital de la provincia”, resume la madre de uno de los pacientes intervenidos.
Ocurrió en Burel y avenida San Martín. El propietario detectó la anomalía a tiempo y desconectó la batería, lo que impidió que el fuego se propagara. Solo hubo daños materiales en objetos del baúl.
Un joven de 25 años fue aprehendido el viernes por la noche en San Lorenzo tras un grave episodio que incluyó amenazas con un arma de fuego, violación de domicilio y lesiones.
Ocurrió en pleno centro de San Lorenzo. La intervención de una empleada, un cliente y el rápido accionar policial permitió la aprehensión de un hombre de 48 años acusado de intentar sustraer mercadería de un comercio.