En el marco de las políticas para reordenar el Estado, se procesaron 2.735 automóviles, 9.560 motos y 5.136 toneladas de chatarra. Al inicio de esta gestión, había más de 30.000 vehículos en desuso en la provincia de Santa Fe, abandonados frente a comisarías o en depósitos judiciales.
Provincial25/01/2025
La Lupa Medios
El Ministerio de Gobierno e Innovación, a través de la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) dio a conocer los resultados logrados en siete meses de trabajo para retirar bienes secuestrados que se acumulaban en las comisarías y otros predios.
El objetivo de esta política del Gobierno es reducir la cantidad de vehículos que se encuentran en depósitos judiciales. La compactación se produce luego de un relevamiento para determinar en qué condiciones se encuentra cada uno de los vehículos que están a cargo del Estado provincial.
De esta manera, se define si deben ser compactados, subastados, reparados, donados a escuelas, o desguazados para reacondicionar móviles de seguridad, salud o desarrollo.
El secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza, destacó la importancia de lo logrado en el marco del proceso del reordenamiento: “Como dispuso el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Fabián Bastia, estamos ordenando los diferentes predios de la provincia con vehículos secuestrados. Lo que sirva, se va a reutilizar, lo que esté en buenas condiciones se va a subastar. Pero lo que no tenga valor probatorio ni económico lo vamos a compactar para que estos depósitos no queden en la situación que estaban hasta el día de hoy, que era de total abandono”, explicó el funcionario.
Figueroa Escauriza señaló además el impacto positivo que tienen estas tareas en el trabajo policial y la seguridad: “Vamos a seguir ordenando cada depósito para que la policía custodie lo que tiene que custodiar, y no que esté ocupada en tareas administrativas y custodia de elementos, sino que esté en la calle cuidándonos a todos los santafesinos, que es lo que realmente necesitamos”.
Los resultados de un plan integral
Las compactaciones se realizaron en siete predios ubicados en distintos puntos del territorio provincial: Policía de Investigaciones (Rosario), Santa Emilia, Santo Tomé, Alvear, Venado Tuerto, Depósito Judicial Zona Sur (Rosario), y en el cruce de las rutas 34 y A012. Fueron compactados 12.295 vehículos (2.735 automóviles, 9.560 motocicletas) y 5.139 toneladas de chatarra. Los trabajos se hicieron en siete meses. Además, en los distintos procedimientos fueron recuperadas 200 placas de cementerio robadas.
El reordenamiento de depósitos judiciales se desarrolló en cuatro meses. Incluyó 8 dependencias policiales: las comisarías 2ª, 6ª, 10ª, 13ª, 15ª, 21ª y 32ª y la Policía de Investigaciones de Rosario (PDI). Se trabajó en siete barrios de Rosario: Alberdi, Echesortu, Saladillo, Godoy, Centro, Tiro Suizo y Matheu. Se retiraron un total de 2.227 vehículos (349 automóviles, 1.878 motos), 461 bicicletas y 200 placas de cementerio.
La Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad) es la entidad del Gobierno provincial que administra todos los bienes y efectos que son objeto de secuestro u otras medidas dispuestas en causas judiciales como consecuencia de delitos o contravenciones. Estos bienes tienen como objetivo primordial su utilidad social. Los mismos pueden ser: autos, insumos informáticos, celulares, joyas, etc. En el caso de vehículos, pueden ser entregados para que sean utilizados por la Policía, Institutos Penitenciarios, Educativos o Asistenciales del Estado Provincial. También pueden ser rematados, o bien, compactados. Los elementos de cocina y muebles en general, o vestimenta y demás bienes hogareños, pueden ser entregados a entidades de beneficencia.
Será la primera vez que el calendario parlamentario comience en febrero tras la reforma constitucional, con proyectos clave que deberán tratarse en las primeras semanas.
La delegación, que partió el 31 de enero desde Rosario, estuvo integrada por 30 personas de Bomberos Voluntarios, Bomberos Zapadores y la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE). “Tuvimos todas las herramientas para trabajar seguros en un terreno difícil, priorizando la salud de nuestros brigadistas”, destacaron al regreso.
El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, confirmó que los agentes serán apartados del servicio con retiro de arma y chaleco antibalas. Además, advirtió sobre posibles ilícitos penales y defendió la política de seguridad provincial.
La medida se desarrolló durante la madrugada frente a la Jefatura de Policía. Hubo cortes de tránsito, sirenas encendidas y un acuartelamiento que elevó la tensión en la ciudad.
El contingente de 30 brigadistas santafesinos trabaja desde esta semana en la jurisdicción de Cholila, Chubut, en tareas de ataque directo al fuego, cortafuegos y contención de focos secundarios. El operativo se realiza en coordinación con la provincia patagónica y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Lo afirmó el ministro de Justicia y Seguridad al presentar el plan integral para las fuerzas de seguridad que implementará el Gobierno de Santa Fe. La decisión fue adoptada bajo la premisa de que “la inversión en seguridad no tiene precio para esta gestión”, según destacaron fuentes oficiales.
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