Sucedió en el marco de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparó una crisis humanitaria, de representatividad, social, económica, financiera y política. 

• EL CORRALITO

El desencadenante inicial de la crisis fue la imposición del «Corralito», el 2 de diciembre de 2001, una disposición del gobierno que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos, diseñada por el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo. Esto impactó sobre todo en la clase baja, mayormente no bancarizada, y la clase media que se vio fuertemente restringida para sus movimientos económicos. El 13 de diciembre las centrales obreras declararon una huelga general, y simultáneamente comenzaron a producirse estallidos violentos en algunas ciudades del interior del país y del Gran Buenos Aires, mayormente saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes, robos de camiones en las rutas, robos comunes y cortes de calles en las ciudades.

La revuelta derivó en un estallido social generalizado la noche del 19 de diciembre de 2001, inmediatamente después de que el presidente radical Fernando de la Rúa anunciara el establecimiento del Estado de sitio, provocando la salida a la calle de decenas de miles de personas en todo el país para manifestar su descontento con el gobierno y los representantes políticos, y se extendió toda la noche y el día siguiente, cuando se impartió la orden de reprimir a los manifestantes, 39 de los cuales fueron asesinados. 

El 20 de diciembre a las 19:37 De la Rúa renunció y dejó la Casa Rosada en helicóptero.

Durante los siguientes doce días se produjo una alta inestabilidad institucional que llevó también a la renuncia del presidente sucesor Adolfo Rodríguez Saa. El clima de inestabilidad social y económica, así como el desconocimiento generalizado de legitimidad a los representantes políticos, se extendería en los años siguientes.

Las manifestaciones en la calle continuaron durante varios meses y se organizaron mediante asambleas populares en las cuales los manifestantes debatían y tomaban decisiones con la pretensión de que se realizara una refundación política que permitiera una mayor participación de la ciudadanía y control de los representantes.

Fernando de la Rúa, como candidato de La Alianza, había asumido la presidencia en diciembre de 1999 en medio de un período de recesión, en parte impulsado por la Ley de Convertibilidad, vigente desde 1991, que establecía una paridad fija del peso argentino con el dólar estadounidense.

Si bien dicha política económica había permitido reducir notablemente la inflación y obtener resultados económicos valorados positivamente por gran parte de la población durante los primeros años del gobierno de Carlos Menem,​ a partir de 1997 comenzaron a ser cada vez más visibles sus aspectos negativos. Para sostener la convertibilidad se necesitaba el ingreso de dólares en abundancia, algo que en los primeros años se logró con la privatización de casi todas la empresas estatales y los fondos jubilatorios y de pensión. Pero finalizado el proceso de privatizaciones y con una economía agroexportadora primaria que producía un insuficiente ingreso de divisas, potenciado por el aumento del gasto público a niveles insostenibles, el modelo comenzó a depender cada vez más de la toma de deuda externa y su refinanciación a altos intereses, con el fin de mantener la estabilidad.

Uno de los factores que influyeron en el triunfo de La Alianza, fue su promesa electoral de mantener la convertibilidad. Precisamente, uno de los eslóganes de campaña de De la Rúa fue "Conmigo, un peso, un dólar".​ Pese a que las condiciones económicas internacionales habían cambiado, que muchos países habían realizado grandes devaluaciones -entre ellos Brasil, el principal socio comercial de Argentina-, y que diversas voces venían sosteniendo que era indispensable salir de la convertibilidad y retomar el manejo de la moneda "para evitar una catástrofe",​ el gobierno de La Alianza había decidido mantener el régimen a toda costa.9

Por esos motivos, la situación financiera y los problemas del endeudamiento externo, se fueron haciendo cada vez más críticos, y el gobierno se vio obligado a realizar dos enormes operaciones de endeudamiento y refinanciación, bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, que el propio gobierno publicitó con los nombres de El blindaje y El Megacanje.

La inestabilidad económica se reflejó en los constantes cambios de ministros de Economía, pasando por José Luis Machinea (1999 - marzo de 2001), Ricardo López Murphy (marzo - abril de 2001) y por último Domingo Cavallo, quien ya había sido Ministro de Economía entre 1991 y 1996, con el presidente Carlos Menem y que había sido el autor de la Ley de Convertibilidad. En aquel entonces Cavallo era presentado como la persona que había sacado a Argentina de la hiperinflación de 1989-1991 y visto como una gran alternativa.

El 31 de julio de 2001 se sancionó la Ley 25.453 de Déficit Cero, recortando en 3.000 millones de pesos el presupuesto del gobierno, equivalente al 7% del total.

La crisis llegó a un punto insostenible el 29 de noviembre de 2001, cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapsó por la fuga de capitales y la decisión del FMI (Fondo Monetario Internacional) de negarse a refinanciar la deuda y conceder un rescate.

  
A comienzos de diciembre el FMI decidió interrumpir el flujo de fondos hacia Argentina, momento para el cual la fuga de capitales era incontrolable, ascendiendo a 81 800 millones de dólares desde el inicio de la crisis.​ El 2 de diciembre, Cavallo anunció por cadena nacional una medida que fue conocida como "Corralito", imponiendo la bancarización forzosa de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaba el 44,8%, cifra que casi duplicaba la de 1994, cuando llegaba a 28,4%.

La reacción popular fue muy negativa, en especial la de la clase media, (teniendo en cuenta que la cifra de la restricción de retiros de 1000 dólares mensuales era superior a los ingresos de la mayoría de la población) por lo que la crisis económica también desembocó en una crisis política. Durante todo diciembre hubo protestas, aunque la protesta masiva más importante estallaría los días 19 y 20 de diciembre.

  
Desde 1990 la actividad cartonera experimenta crecimiento continuado. Durante el periodo fueron actores sociales de cierta importancia. Llegando a realizar 78 acciones directas como actor social20​
El 13 de diciembre, la CGT Oficial, la CGT Disidente y la CTA declararon la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.

Simultáneamente con la huelga general comenzaron a producirse estallidos entre las clases populares de algunas ciudades de las provincias, llevados adelante por los denominados piqueteros. Varios comercios de zonas empobrecidas del interior del país y del Gran Buenos Aires sufrieron saqueos por parte de sectores de la población desocupadas e indigentes.​ Miles de personas participaron de saqueos, robos de camiones en las rutas, robos comunes, cortes de calles en las ciudades. Hubo muestras de sobra de descomposición social, política y económica.

Los sectores sociales más bajos se llevaron comida y mercadería de grandes supermercados, pero también de negocios de barrios pobres, en un clima de enorme descontrol que posibilitó también la infiltración de ladrones comunes entre los necesitados. Mientras que los pequeños comercios fueron los más afectados por los saqueos en los que la policía liberó la zona, según declararon, "para evitar muertes", los grandes hipermercados fueron protegidos por esta y no sufrieron grandes daños. En esos siete días de saqueos fueron asesinadas siete personas por las fuerzas de seguridad y los propios comerciantes. Por la noche, salieron a las calles céntricas de la Capital sectores de clase media.

•  El presidente Fernando de La Rúa declara el estado de sitio por cadena nacional la noche del 19 de diciembre de 2001.

La noche del 19 de diciembre el presidente De la Rúa habló por televisión en cadena nacional para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales. La Constitución argentina establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación cuando se encuentra en período de sesiones. 

Paralelo a ello, parte de la guardia presidencial (el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín) se había alistado en la residencia de Olivos. Otra parte quedó en la Casa Rosada, cuya entrada en el número 50 de la Calle Balcarce ostentó una ametralladora calibre 12. En ambos sitios también se movilizaron soldados con municiones y armas automáticas.

• EL CACEROLAZO

Inmediatamente después de terminado el anuncio del estado de sitio, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como "el Cacerolazo". Un gran grupo se concentró frente a la Casa Rosada exigiendo la renuncia del presidente De la Rúa y comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento: "¡que se vayan todos!".

Se sucedieron también protestas durante la madrugada del 20 de diciembre, frente a la casa del Ministro de Economía Domingo Cavallo y en la Plaza de Mayo, que fueron reprimidas. A pesar del estado de sitio decretado por De la Rúa, las calles de Buenos Aires y de otras ciudades del país se llenaron de protestas dando lugar a la renuncia del ministro Cavallo presentada por la noche del día 19, y aceptada a las 3 de la mañana del día siguiente.​ El ministro también solicitó garantías a su seguridad personal.

  

En la mañana del 20 quedaban unos pocos manifestantes entre los que se encontraban oficinistas, empleados, amas de casa y niños; comenzaron a arribar miembros de organizaciones políticas. Entre los integrantes de estas organizaciones políticas que marcharon a la Plaza de Mayo se encontraban, entre otros, Madres de Plaza de Mayo y grupos de piqueteros pertenecientes a la agrupación Quebracho. Las madres de la plaza fueron agredidas por agentes de la Policía Montada.

En la plaza también estaba presente la jueza federal María Romilda Servini quien intentó sin éxito frenar la represión policial, siendo también afectada por los gases lacrimógenos de la Policía Federal, cuyos uniformados estaban equipados con escopetas y armas de distinto calibre (haciendo uso de balas de plomo), con la orden de despejar la plaza de manifestantes.

Esta represión, que se transmitió por todos los canales de televisión y radio, e incluso por emisoras internacionales, en directo durante todo el día, generó que más grupos políticos y manifestantes ocasionales se acercaran a la Plaza. Con el correr de las horas los incidentes fueron creciendo en intensidad y se produjeron cuatro muertes de manifestantes que se presumen a manos de la policía, si bien las investigaciones judiciales aún no han finalizado.

• RENUNCIA DE LA RÚA 

La noche del 19 de diciembre, y tras el pedido de renuncia de Cavallo, el resto del gabinete también puso sus renuncias a disposición del Presidente.​ El ministro del Interior, Ramón Mestre, vació su despacho tras renunciar en la mañana del día 20. Por la tarde le siguió el ministro de Justicia y hermano del presidente, Jorge de la Rúa.

A las 16:00, De la Rúa anunciaba por cadena nacional que no renunciaría a la presidencia e instaba a la oposición y otros sectores a dialogar. ​ Se presentó ante las cámaras con solo tres de sus ministros y el vocero presidencial Juan Pablo Baylac. ​ El pedido fracasó.​ En su mensaje (que duró unos 11 minutos), ofreció al Partido Justicialista un gobierno de unidad, convocó a un acuerdo para reformar la Constitución y «efectuar todos las variantes políticas que sean necesarias para mejorar la situación del país». También comunicó el desdoblamiento del ministerio de Economía, creando el ministerio de Producción (que hubiese integrado las áreas de industria e infraestructura) a cargo de Nicolás Gallo y el pase a la Jefatura de Gabinete de las secretarías de Hacienda, Finanzas e Impuestos.

Ese día, el presidente debía viajar a Montevideo a una reunión del Mercosur, pero decidió cancelar el viaje a última hora.

  
A las 19:37, De la Rúa renunció luego de que fracasaran sus intentos políticos de salvar al Gobierno. Previamente, el Canciller Adalberto Rodríguez Giavarini solicitó una hoja con membrete presidencial, donde el mandatario escribió su renuncia de puño y letra, dirigiéndose a Ramón Puerta, presidente provisional del Senado. Luego en el despacho presidencial, firmó su último decreto: 1682/2001, «para regularizar las acciones de la Policía y enmarcarlas dentro del contexto de conmoción interior». También se comunicó con el jefe del bloque de senadores radicales, Carlos Maestro. El fotógrafo presidencial, Víctor Bugge, registró la imagen del ya expresidente acomodando sus cosas en su escritorio.

Tras ello fue en ascensor a la azotea de la Casa Rosada ya cerca de las 20, para dirigirse en un helicóptero de la VII Brigada de Moreno hacia la Quinta de Olivos junto con su edecán. La opción de utilizar la vía aérea para retirarse de la Casa de Gobierno había sido tomada durante la mañana del 20 por el jefe de la Casa Militar debido a las manifestaciones en las calles aledañas, pese al temor de que el uso del viejo helipuerto afectara la estructura del edificio (de hecho, el helicóptero se mantuvo en vuelo estacionario por ese motivo, apenas apoyando sobre el edificio). A las 19.52 el suboficial de la Fuerza Aérea José Luis Orazi abrió la puerta del helicóptero Sikorsky S76B. Todo transcurrió en un minuto, según el registro oficial de vuelo. De allí en más enfilaron hacia la Quinta de Olivos, aunque llegaron a manejar dos opciones más: Campo de Mayo y Uruguay, si el peligro aumentaba. El entonces jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, puso a disposición de la familia presidencial las guarniciones militares del país.

Fuente: Wikipedia.