La Lupa Medios
El Gobierno nacional avanzó con la implementación de un nuevo sistema de bloqueo de comunicaciones en cárceles federales, con el objetivo de combatir el uso indebido de teléfonos móviles por parte de internos. A través de una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, se autorizó al Servicio Penitenciario Federal a instalar dispositivos de detección y bloqueo por IMEI e IMSI en los establecimientos penitenciarios.
La medida representa un cambio tecnológico respecto de los sistemas utilizados hasta ahora, como los inhibidores de señal (jammer), que interferían en las radiofrecuencias y terminaban afectando también a usuarios fuera de las cárceles. El nuevo esquema permitirá bloquear directamente los dispositivos no autorizados dentro de los penales, sin perjudicar la conectividad en las zonas aledañas.
El endurecimiento de los controles forma parte de la estrategia impulsada por la cartera de Seguridad, actualmente a cargo de Alejandra Monteoliva, frente al crecimiento de delitos organizados desde el interior de las cárceles.
En este sentido, el decreto instruye a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información a llevar adelante los procesos necesarios para la adquisición, instalación y supervisión del sistema, garantizando además que su funcionamiento no genere interferencias externas.
Se trata de redes delictivas que operan desde las cárceles mediante celulares ingresados de forma ilegal. A través de estos dispositivos, los internos realizan estafas telefónicas —muchas veces suplantando la identidad de empresas u organismos públicos— con el objetivo de obtener dinero o datos sensibles de las víctimas.
Además, estos teléfonos permiten a algunos reclusos mantener estructuras delictivas activas fuera de los penales, especialmente en casos vinculados al narcotráfico o asociaciones ilícitas.
Si bien en Argentina rige la Ley 24.660, que garantiza el derecho de los internos a comunicarse con familiares, también habilita la implementación de mecanismos para prevenir delitos desde el ámbito penitenciario.
Con esta nueva tecnología, el Gobierno busca cerrar una de las principales vías de organización delictiva desde las cárceles, sin afectar los derechos básicos de los detenidos ni el funcionamiento de las redes de comunicación externas.
