La Lupa Medios
El Gobierno de Javier Milei amplió el alcance del sistema de bloqueo de celulares en establecimientos penitenciarios y habilitó su aplicación en cárceles provinciales que adhieran al protocolo nacional.
La medida fue formalizada este jueves a través de la Resolución 734/2026 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), publicada en el Boletín Oficial. Hasta ahora, el mecanismo estaba limitado al Servicio Penitenciario Federal.
El nuevo esquema busca impedir que los teléfonos celulares utilizados dentro de las cárceles sean empleados para planificar, coordinar o ejecutar delitos desde el interior de los establecimientos.
Según establece la resolución, las empresas de telefonía deberán bloquear tres elementos vinculados a cada equipo detectado: el IMEI, que identifica al dispositivo; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica correspondiente.
La medida alcanzará a los equipos que sean activados dentro de las áreas de detención y también en sectores de acceso restringido al público que formen parte de los establecimientos penitenciarios incluidos en el protocolo.
El bloqueo será centralizado
La aplicación del mecanismo no podrá ser solicitada directamente por las provincias a las compañías telefónicas. Cada pedido deberá contar con una solicitud expresa del Ministerio de Seguridad de la Nación, que será el único canal autorizado para comunicar las órdenes de bloqueo a las empresas prestadoras.
De esta manera, las provincias que adhieran al protocolo deberán canalizar sus pedidos a través de la cartera nacional, que concentrará la información y gestionará ante las empresas la inhabilitación de los dispositivos, tarjetas SIM y líneas identificadas.
La incorporación de los establecimientos provinciales al régimen surgió a partir de una presentación realizada por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Enacom.
Desde esa provincia habían advertido sobre el uso de teléfonos celulares dentro de las unidades penitenciarias bajo administración provincial y plantearon la necesidad de incorporar expresamente estos establecimientos al sistema de prevención.
Con la nueva resolución, el Gobierno nacional amplía así el alcance de una herramienta que apunta a cortar las comunicaciones ilegales desde las cárceles y evitar que los dispositivos sean utilizados para organizar hechos delictivos desde el interior de los penales.
