“Mi trabajo es provocar la crisis”: el Gobierno denunció penalmente a Rodolfo Aguiar por amenazas al orden democrático

El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a raíz de sus recientes declaraciones en las que afirmó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este gobierno”. Para el Ministerio de Seguridad, sus dichos constituyen una amenaza al orden constitucional.

Nacional18/11/2025La Lupa MediosLa Lupa Medios
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La presentación estuvo a cargo del abogado Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales, quien actuó por orden de la ministra Patricia Bullrich. El escrito ingresó en el fuero federal y cita los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan amenazas contra la vida democrática y el funcionamiento de los poderes del Estado.

Según argumentó el Ministerio, las expresiones de Aguiar no se limitan a una postura crítica dentro del ámbito sindical, sino que —al ser difundidas en plataformas como X, Instagram y TikTok— adquieren la forma de una “amenaza pública e idónea” que podría afectar el libre ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo. Además, remarcan que provienen de una figura con un rol clave en la representación de los trabajadores estatales.

El Gobierno solicita la apertura de un sumario penal para determinar si se configura el delito de amenaza al orden constitucional y reclama la intervención de la Justicia federal.

El episodio ocurre en un clima de fuerte tensión política y gremial, marcado por el debate en torno a la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. Para algunos analistas, la denuncia reaviva el debate sobre los límites entre la protesta sindical y la protección de las instituciones democráticas, mientras que otros advierten sobre los riesgos de judicializar la movilización política.

Desde ATE, en tanto, repudiaron la presentación y la calificaron como un intento de criminalizar la protesta. Aguiar acusó al Gobierno de buscar intimidarlo y afirmó que expresar críticas o rechazar las políticas oficiales “es parte del ejercicio de la libertad de expresión, no un ataque a la democracia”.

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