
Se habilitó la Ley Antimafias contra las organizaciones criminales en Rosario
Lucas Bigil
La Justicia Federal autorizó por primera vez la aplicación de la Ley 27.786 de Organizaciones Criminales, conocida como Ley Antimafias, en un área concreta de Rosario.
El juez federal de garantías, Eduardo Rodríguez Da Cruz, tomó esta decisión tras un pedido del Ministerio de Seguridad Nacional y fiscales del Ministerio Público Fiscal.
Con esta resolución, Rosario se convierte en el primer territorio del país donde se activa formalmente la Ley Antimafias. Esta medida forma parte de una estrategia federal que articula inteligencia criminal, despliegue operativo y acción judicial coordinada para enfrentar a las organizaciones criminales que actúan con base territorial.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, firmó la Resolución 572/25, mediante la cual instruyó formalmente solicitar la habilitación judicial para aplicar una nueva herramienta contra el narcotráfico. “Una herramienta clave para ir a fondo contra los narcos. Cae uno, caen todos. Se castiga el delito y la pertenencia a la estructura mafiosa”, expresó.
En ese sentido, agregó: “Las mafias no son invencibles. Con decisión política y leyes firmes, se puede”.
La norma permite desplegar herramientas especiales de investigación en determinados barrios de Rosario, debido a la reiteración de hechos delictivos graves y a la presencia activa de organizaciones criminales.
Durante la audiencia realizada en los Tribunales Federales de Rosario, participaron el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini, y el director nacional de Prevención del Delito, Germán Pugnaloni, en representación del Ministerio.
También asistieron los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR), Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Javier Arzubi Calvo (Unidad Fiscal Rosario), quienes respaldaron el planteo judicial.
La resolución judicial habilita la creación de una zona sujeta a investigación especial, conforme al artículo 4º de la Ley Antimafias, y autoriza el uso de herramientas excepcionales de investigación dentro de un perímetro delimitado.
El objetivo es fortalecer las capacidades estatales para desarticular organizaciones criminales complejas mediante una intervención focalizada y con mayores recursos procesales, logísticos y operativos.
Además, la investigación penal se articula con el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe a través de un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que coordina el trabajo de fiscales federales y provinciales para potenciar la persecución penal y organizar las competencias jurisdiccionales según la normativa vigente.


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