Se detectó en Reconquista una serie de certificados médicos que serían apócrifos y que fueron presentados para cobrar el beneficio por “enfermedad terminal”. Los afiliados involucrados son todos de Reconquista y están patrocinados por el mismo abogado. La situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado.
Judiciales04/11/2024
La Lupa Medios
La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitando que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.
En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.
Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social. Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”.
Concretamente, “se ha verificado informalmente por el personal de esta Caja que los profesionales que supuestamente habrían emitido los certificados médicos en cuestión han desconocido la confección de los mismos o bien se han advertido agregados y/o alteraciones en su contenido referidos a la mención de «enfermedad terminal» que en ellos consta, entre otras”.
Pedido de investigación
Ante esta situación, desde la Caja advierten al MPA que “entendemos que podrían haberse cometido delitos de acción pública tales como falsificación de documentos y/o su utilización, previstos en los arts. 292 y 296 del Código Penal de la Nación, ya que dichos certificados dudosos han sido usados por los afiliados para justificar -entre otra documentación médica- la solicitud de beneficios de la seguridad social que otorga esta Caja”, indica la presentación.
No obstante, la denuncia deja en claro que “no nos encontramos en condiciones de aseverar que todos los certificados médicos presentados en cada trámite sean falsos, ni que hubiera un obrar doloso de parte de cada beneficiario en la utilización de los mismos, pues esa es la tarea de investigación que venimos a solicitar” ante el MPA.
Por todo esto, desde la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado piden al MPA que dé inicio “a las medidas investigativas que correspondan”, y a su vez manifiesta su intención de “ser parte querellante para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Más control del Estado
Vale consignar que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado, y que han permitido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles que no eran tales, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA; las licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, que al normalizarse bajaron un 70% en sus solicitudes; licitaciones de Obras Públicas que tuvieron ahorro de hasta 60% comparado con el año pasado, pese a la inflación, y compras de medicamentos y alimentos, con la misma característica.
La Jueza Mariel Minetti condenó a Sergio R. de 61 años a la pena de 7 años de prisión efectiva por los delitos de Abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor. Se le atribuyó el 21 de octubre del 2022 haber abusado sexualmente de una menor de 6 años, en un domicilio de la ciudad de San Lorenzo en circunstancias en que se encontraba como visitante en en el domicilio de un familiar de la víctima.
El Juez de primera instancia Dr. Postma tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo para los 3 imputados la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. A uno de los imputados, Favio A., se le atribuyó haber dejado encerrada a una mujer en su casa en Rosario y por amenazar a una familia de Granadero Baigorria.
Se realizó audiencia imputativa contra Nelson Fabre por el hecho de instigar a la víctima Romina Cisneros a terminar con su vida mediante hostigamientos, acosos, amenazas, insultos, agresiones físicas y psicológicas. El Juez de Primera Instancia Dr. Gazza tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva efectiva por el termino de 60 días.
El uniformado que revistaba en la antigua Brigada Operativa de Drogas de la Unidad Regional XVII compró 20 vehículos, una remisería y terrenos que no pudo justificar con su único sueldo de agente policial. Tampoco tenía un grupo familiar holgado. Acordó tres años de prisión condicional y una multa de poco más de 23 millones de pesos
El Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Fe realizará este jueves un paro de 24 horas en protesta contra el Gobierno provincial, exigiendo el pago de retroactivos pendientes derivados de los aumentos salariales ya acordados. Entre las demandas también figuran cuestiones relacionadas con los ingresos, promociones y ascensos del personal, así como la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. La medida, aprobada durante una asamblea realizada el martes en el hall de los Tribunales provinciales en la ciudad de Santa Fe, afectará el funcionamiento de todos los organismos judiciales santafesinos.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días. El Juez de primera instancia Dr. Cattáneo tuvo por formalizada la audiencia disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 11 de diciembre de 2024.
El Juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo tuvo por formalizada audiencia imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Brisa P por los delitos de Homicidio calificado por concurso premeditado de dos o mas personas agravado por el uso de arma de fuego y en carácter de coautora. El hecho se produjo en la noche del 22 de octubre en la zona de calle Cantoia y Vergara en barrio Mitre de San Lorenzo.
La Fiscal Melisa Serena le atribuye a Sergio R. de 61 años, los delitos de Abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor y en grado de consumado y Tenencia de arma de fuego de uso civil en calidad de autor. Se le atribuye en fecha del 21 de octubre de 2022 haber abusado sexualmente de una menor de 6 años, en un domicilio de la ciudad de San Lorenzo en circunstancias en que se encontraba como visitante en en el domicilio de un familiar de la víctima.
El Centro de Estudios Especializados Servilab SA, liderado por el Licenciado Jorge Abaurrea, conmemoró su 25.º aniversario brindando servicios de salud laboral a empresas del cordón industrial de San Lorenzo y la región. En una emotiva ceremonia celebrada este viernes, el Concejo Municipal de San Lorenzo distinguió la trayectoria de la institución, otorgando una declaración especial a cargo de su presidente, Hernán Ore, acompañado por la concejal Gimena Bulla y la diputada provincial Silvana Di Stefano. El evento contó también con la presencia del intendente Leonardo Raimundo y empresarios que confiaron en los servicios de la empresa.
El violento hecho ocurrió en barrio Fátima de Puerto General San Martín, donde la víctima de 32 años, fue atacado por su pareja y familiares de ella. Según un testigo, el joven fue golpeado en plena vía pública por varias personas, incluida su propia pareja. El joven fue asitido en el Hospital Granaderos a Caballo y luego derivado al Eva Perón de Granadero Baigorria en estado crítico, donde permanece intubado y bajo respirador artificial.
El conductor, un hombre mayor de edad, fue detenido en la zona de avenida San Martín y Buenos Aires, donde retuvieron la camioneta y trasladaron al corralón municipal. Sucedió la madrugada de domingo durante un control vehicular.
La propuesta del diputado provincial, Joaquín Blanco, busca que la planta sea una biorrefinería productora de “biojet”, biocombustibles de aviación que aerolíneas como United Airlines o Iberia ya están implementando. “Recuperar este lugar que hace seis años está abandonado es clave para impulsar desde lo local el desarrollo nacional”, expresó el presidente del bloque socialista.
Se trata de dos jóvenes de 18 y 27 años quienes fueron demorados la madrugada del domingo en la zona de calle boulevard Urquiza y Rippa de San Lorenzo. Los agentes tras identificarlos le secuestraron una cuchilla de 25 centimentros de largo.