Se detectó en Reconquista una serie de certificados médicos que serían apócrifos y que fueron presentados para cobrar el beneficio por “enfermedad terminal”. Los afiliados involucrados son todos de Reconquista y están patrocinados por el mismo abogado. La situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado.
Judiciales04/11/2024
La Lupa Medios
La interventora de la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado, Lorena Ulieldín, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) solicitando que se investigue si hubo maniobras para la posible comisión de delitos de falsificación y/o adulteración de documentos (certificados médicos) y el uso de documentos falsificados ante la Caja para obtener réditos económicos.
En la nota elevada al MPA, se hace referencia a la tramitación de solicitudes del beneficio previsto en el artículo 46 bis de la Ley N° 13.758, que prevé que se otorgue “hasta un 10 % de anticipo (del seguro) a aquellos afiliados que acrediten tres meses de afiliación, cuando se comprobare que sufren una enfermedad terminal según correspondientes actuaciones médicas”.
Al respecto, desde la Caja se detectó una serie de trámites para reclamar este beneficio por parte de afiliados que presentan como característica común ser todos oriundos de la ciudad de Reconquista, y que todos son patrocinados por el mismo abogado y/o licenciada en Trabajo Social. Asimismo, la denuncia detalla que “en todas estas solicitudes se observan situaciones anómalas en torno a los certificados médicos aportados por los afiliados para solicitar los beneficios, (…) y que fueran advertidas por la asesora médica de este organismo”.
Concretamente, “se ha verificado informalmente por el personal de esta Caja que los profesionales que supuestamente habrían emitido los certificados médicos en cuestión han desconocido la confección de los mismos o bien se han advertido agregados y/o alteraciones en su contenido referidos a la mención de «enfermedad terminal» que en ellos consta, entre otras”.
Pedido de investigación
Ante esta situación, desde la Caja advierten al MPA que “entendemos que podrían haberse cometido delitos de acción pública tales como falsificación de documentos y/o su utilización, previstos en los arts. 292 y 296 del Código Penal de la Nación, ya que dichos certificados dudosos han sido usados por los afiliados para justificar -entre otra documentación médica- la solicitud de beneficios de la seguridad social que otorga esta Caja”, indica la presentación.
No obstante, la denuncia deja en claro que “no nos encontramos en condiciones de aseverar que todos los certificados médicos presentados en cada trámite sean falsos, ni que hubiera un obrar doloso de parte de cada beneficiario en la utilización de los mismos, pues esa es la tarea de investigación que venimos a solicitar” ante el MPA.
Por todo esto, desde la Caja de Previsión Social de los Agentes Civiles del Estado piden al MPA que dé inicio “a las medidas investigativas que correspondan”, y a su vez manifiesta su intención de “ser parte querellante para contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados”.
Más control del Estado
Vale consignar que la situación fue advertida producto de las medidas de control que viene realizando el gobierno provincial en todas las áreas del Estado, y que han permitido detectar, entre varios casos, el funcionamiento anómalo de comedores infantiles que no eran tales, horas extras que no se pagaban pero no se cumplían en EPE o en ASSA; las licencias irregulares para cuidado de familiares de docentes, que al normalizarse bajaron un 70% en sus solicitudes; licitaciones de Obras Públicas que tuvieron ahorro de hasta 60% comparado con el año pasado, pese a la inflación, y compras de medicamentos y alimentos, con la misma característica.
El juez de primera instancia, Dr. Eugenio Romanini, formalizó la audiencia imputativa y ordenó la prisión preventiva del joven por un plazo de 45 días, quien fue alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Justicia imputó este viernes 4 de julio a tres hombres por integrar una organización delictiva que cometió múltiples robos a mano armada en la región, entre ellos el violento asalto a la inmobiliaria Lica, en San Lorenzo, ocurrido el 14 de mayo pasado. La audiencia se realizó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde los fiscales Juliana González y Maximiliano Nicosia Herrero atribuyeron a Orlando G.D. (64), Jonatan S. (20) y Maximiliano F. (28) una serie de delitos con una violencia planificada, armas de fuego y privación ilegítima de la libertad, bajo una modalidad delictiva conocida como escruche. El juez Gustavo Pérez de Urrechu resolvió dictar prisión preventiva efectiva por ocho meses con prórroga automática si la Fiscalía presenta la acusación formal en ese plazo.
El Juez de Primera Instancia Álvaro Campos resolvió condenar a Santiago M. de 27 años, a la pena de 12 años de prisión efectiva por los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma ocasionando su embarazo. Los hechos ocurrieron en el domicilio en el que convivían en la localidad de Andino.
El miércoles 2 de julio, se llevó a cabo en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo la audiencia imputativa contra F.A., acusado de provocar la muerte de Gustavo Ramón Gómez en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de junio en Puerto General San Martín. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero le atribuyó a F.A. el delito de homicidio culposo agravado, ya que al momento del hecho conducía con un nivel de alcoholemia superior a 500 mg por litro de sangre. El juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo formalizó la imputación y dictó, de común acuerdo entre las partes, la prisión preventiva efectiva para el imputado, con vencimiento el próximo 2 de septiembre de 2025.
La Fiscalía presentó este lunes el requerimiento de elevación a juicio contra Facundo Quiroga, de 42 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, y solicitó una pena de diez años de prisión efectiva.
Este martes 1 de julio al mediodía se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de San Lorenzo en el marco de la causa que investiga el femicidio de Sofía Delgado. Mordini brindó detalles sobre su relación con Bevilaqua, sobre la noche en que desapareció Sofía Delgado, afirmó haber estado acompañado por una mujer de San Lorenzo, cuya identidad no trascendió públicamente. También mencionó a un amigo que habría estado presente en la puerta del taller cuando, según su testimonio, Bauman cargaba una bolsa sospechosa. Los abogados de la querella aseguraron que la declaración no modifica la situación procesal de los imputados, quienes continúan detenidos con prisión preventiva. “Se está relevando más prueba, y toda aquella que aparezca será analizada con la seriedad que amerita el caso”, expresaron.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un recurso de casación para que se revoque la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner y se ordene que cumpla su condena en una unidad penitenciaria común.
El tribunal está integrado por el juez de Primera Instancia Álvaro Campos. El fiscal Carlos Ortigoza le atribuye a Santiago L., de 27 años, el delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva. Según la acusación, los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de Andino, donde la víctima convivía con el imputado, quien era pareja de su madre.
Personal policial logró recuperar un teléfono celular robado a un adolescente de 15 años en Timbúes, luego de seguir la geolocalización del dispositivo y dar con él en un domicilio de la ciudad de San Lorenzo. Una mujer quedó implicada en la causa por el presunto delito de encubrimiento.
La jugadora Martina Franco, surgida del Club Red Star, fue convocada para integrar el plantel de la Selección Argentina Sub21 de vóley femenino, que disputará el Campeonato Mundial de la categoría en Indonesia, del 7 al 17 de agosto próximos.
El Senado de la Nación aprobó este jueves la nueva ley de movilidad jubilatoria, que eleva el haber mínimo a $331.000 e incrementa el bono previsional mensual a $110.000, el cual se actualizará por inflación.
Un auto comenzó a prenderse fuego cuando el conductor intentó arrancarlo. El hombre actuó rápido y evitó que las llamas se extendieran. A los minutos llegaron los bomberos para terminar de enfriar el motor.
El hecho ocurrió minutos antes de la 1:30 de la madrugada en avenida San Martín al 1500, San Lorenzo. La dotación de bomberos llegó cuando el fuego ya había sido contenido.