La UOCRA se declaró en "estado de alerta" y "asamblea permanente"

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) declaró este lunes el estado de "alerta" y asamblea "permanente" a nivel nacional en todas las obras públicas y privadas del país. 

Según indica el comunicado oficial de la entidad, la medida "obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas; la desaceleración de la inversión de las obras privadas en ejecución".

Comunicado:

La medida obedece a la pérdida de puestos de trabajo producto de la paralización de las obras públicas dispuesta por el gobierno nacional; la desaceleración de la inversión que pone en riesgo la continuidad de las obras privadas en ejecución y su consecuente impacto en la continuidad laboral de los trabajadores y trabajadoras en actividad y la ausencia de gestión e interlocutores válidos por parte del poder ejecutivo nacional, que se desentiende de la problemática que afecta a nuestra industria.

Esta situación se da en el marco de caída abrupta y generalizada de la actividad económica, se agrava en nuestra industria por la reticencia del sector empresario a acordar una recomposición salarial justa y suficiente que preserve el poder adquisitivo, ante una inflación sostenida que castiga particularmente a nuestros trabajadores y trabajadoras sin que tengan otras herramientas para enfrentar tan crítica coyuntura que no sea la suba de sus ingresos.

En los dos últimos meses se han perdido 50 mil puestos de trabajo directos y más de 100 mil indirectos en nuestro sector como consecuencia de la desfinanciación y consecuente paralización de las obras públicas en ejecución por parte del actual gobierno, situación que pone en grave riesgo la continuidad laboral de gran parte de la actividad de la construcción. La obra privada no ha alcanzado aún niveles de actividad que compensen la drástica caída y nada indica que los privados sustituyan finalmente el rol y el financiamiento estatal en materia de infraestructura pública.

Es inaceptable que el gobierno nacional no se responsabilice de las consecuencias económicas, laborales y sociales de sus propias medidas de gobierno; que no convoque al diálogo social y ponga en riesgo la seguridad jurídica en materia de inversión en obras públicas, afectando las impostergables demandas por desarrollo económico y social de todas las regiones de nuestro país.