Tras los episodios registrados los últimos días, el intendente Leonardo Raimundo insistió en el reclamo contra las quemas de pastizales que de forma periódica se efectúan en las islas, con serios perjuicios para el medio ambiente y la salud de los sanlorencinos.

“Generan un problema ecológico de gran magnitud y serios inconvenientes para la ciudad y la zona, ya que el humo afecta a la salud de la población y, combinado con la niebla, ocasiona problemas de visibilidad”, sintetizó.

Cabe recordar que por estas acciones, en mayo de 2020, la Municipalidad de San Lorenzo presentó ante la Justicia Federal una denuncia que amplió dos meses después.

“Vengo por el presente a formular denuncia penal contra los productores responsables de las quemas, que serían intencionales, de pastizales y vegetación en las islas ubicadas frente a la ciudad de San Lorenzo, que derivan en incendios difíciles de controlar que destruyen flora y fauna del lugar, así como contra funcionarios responsables y encargados de controlar el cumplimiento de la normativa aplicable en la materia de dicha localidad y/o de la provincia de Entre Ríos”, planteaba el escrito elaborado por el área de Legal y Técnica de la Municipalidad.

Además, la denuncia detalla los daños ocasionados por estos actos, “que podrán tipificarse como delitos penales de acción pública perseguibles de oficio”: “Se ha detectado en el espacio aéreo la presencia de gran cantidad de humo y cenizas a causa de los incendios producidos intencionalmente en los pastizales en el Alto Delta del río Paraná, frente a nuestra ciudad, perjudicando a una cantidad de actores: la fauna íctica de la cual vive gran número de los habitantes de nuestra ciudad y zonas aledañas, la flora, los pobladores ribereños, los transeúntes, los turistas, y los habitantes de San Lorenzo”.

Luego la presentación recordaba que “el área es jurisdicción de la Municipalidad entrerriana de Victoria, que tiene a su cargo todo el territorio insular del Paraná frente a San Lorenzo”, por lo que “es de marcada urgencia constatar por parte de las autoridades de contralor, si estos incendios fueron ocasionados de manera intencional y además de las sanciones administrativas que puedan corresponder (Ley 9868), individualizar a sus responsables a fin de someterlos al proceso penal correspondiente en resguardo del resto de la población”.

Por último, la denuncia puntualizaba que “estaríamos en presencia del delito de incendio y otros estragos, dándose los presupuestos exigidos por la norma penal (art. 186 C.P.), cuyo bien jurídico protegido es la seguridad pública frente a conductas estragosas que crean un peligro común, amén de que ese peligro se extienda a terceras personas colectivamente (tal este caso) y con ello se afecte la seguridad de muchos”.