Media sanción a la ley de emergencia en seguridad

PROVINCIAL 29 de diciembre de 2021 Por La Lupa Medios
La Cámara de Diputadas dio media sanción este martes al proyecto de ley sobre la emergencia en seguridad pública y la emergencia en el Servicio Penitenciario.
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Media sanción al proyecto de ley sobre Emergencia en Seguridad Pública

Durante la sesión extraordinaria de este martes 28 de Diciembre se otorgó media sanción al Proyecto de Ley por el cual se declara el estado de emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario, luego de adjuntar y/o acumular varias iniciativas, tomando como base un asunto de la diputada socialista Lionella Cattalini (PS), y también la iniciativa del senador Rubén Pirola (PJ-JDP-Las Colonias), y las recomendaciones del ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, y se giró al Senado para que complete el procedimiento con la sanción definitiva a la brevedad.

Se aclaró, por parte de Pablo Farías, que esta sesión extraordinaria especial había sido convocada en función del primer envío de asuntos habilitados por el Poder Ejecutivo mediante el Mensaje 4966, sin considerar el segundo envío a través del Mensaje 4970.

Diputados y Diputadas votaron por la afirmativa los 28 artículos distribuidos en 9 títulos, incluido el de forma, salvo Carlos Del Frade que se abstuvo en general y en particular, y Dámaris Pacchiotti que se abstuvo en el artículo 9º y de esta forma se aprobó sobre tablas, el Proyecto de Ley por el cual se declara el estado de emergencia en Seguridad y en el Servicio Penitenciario, hasta el día 31 de diciembre de 2022, y se comunicó la media sanción al Senado para que complete el procedimiento con la sanción definitiva.

El proyecto aprobado también establece que el Servicio Penitenciario vuelve a la órbita del Ministerio de Seguridad.

El estado de emergencia en Seguridad tiene por objeto “reestructurar y modernizar las bases orgánicas y funcionales del sistema policial provincial”, a los efectos de “disponer de los servicios policiales como instrumentos fundamentales para el control y conjuración de las violencias y las problemáticas criminales”.

Se declara el estado de emergencia en Seguridad en la provincia de Santa Fe, con los alcances establecidos en la presente Ley, hasta el 31 de diciembre de 2022, y se autoriza al Poder Ejecutivo, por acto expreso y con comunicación a las Cámaras Legislativas, a prorrogarlo por el término de 180 días.

Además, “se autoriza al Poder Ejecutivo a dar por concluida la presente declaración si estima que se encuentran superadas las circunstancias y hechos que la fundan”.

Asimismo, se autoriza al Poder Ejecutivo para que, a través del Ministerio de Seguridad, en su rol de autoridad de aplicación de la presente Ley, lleve adelante las acciones pertinentes en relación a los aspectos funcionales, orgánicos, operacionales y de personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe.

Y, entre esas acciones, vale destacar: modificar la estructura orgánica y funcional de la Policía, creando, transformando, extinguiendo o suprimiendo total o parcialmente funciones y/o dependencias; y reajustar y racionalizar los recursos humanos, asignando y reasignando funciones, dependencias y destinos a todo el personal policial.

En el mismo sentido, “otorgar asignaciones no remunerativas al personal policial” que desempeñe funciones caracterizadas fundadamente como críticas, en el contexto de la misma, y afectar en forma transitoria o definitiva personal de otras reparticiones de la Administración Pública centralizada o descentralizada, con la anuencia de las mismas, para realizar tareas de apoyo administrativo en el Ministerio de Seguridad o unidades o dependencias policiales, priorizando el destino del personal policial a tareas específicas de seguridad.

Y, también, “optimizar los recursos materiales y los servicios que presta la Policía de la Provincia, y adquirirlos a los efectos de fortalecerla institucionalmente”.

Se crea el “Programa de Emergencia en Seguridad”, para ser destinado a erogaciones en los rubros: “Construcciones”, “Maquinaria y Equipo” y “Equipo de Seguridad”, el que se financiará con aportes de Rentas Generales del Tesoro Provincial por hasta 3.000 millones de pesos ($ 3.000 M), el 15% del Fondo de Equipamiento Policial y el 50% de los recursos percibidos por la Agencia Provincial de Seguridad Vial, además de los aportes provenientes del programas del Estado Nacional y/o de organismos multilaterales, como asimismo donaciones, legados y subvenciones.

Las adquisiciones de bienes de uso y equipamiento, así como las contrataciones de obras públicas que resultaren necesarias en el marco del estado de emergencia en Seguridad se consideran comprendidas en el artículo 116º inciso c) apartado 2 de la Ley Nº 12.510 y el artículo 20º inciso c) de la Ley Nº 5.188, debiendo darse estricto cumplimiento en cada caso a las disposiciones de los Decretos 1104/16 y 822/61.

Se crea una Comisión Bicameral de Seguimiento del estado de emergencia en Seguridad, la que estará integrada por tres (3) senadores y tres (3) diputados.

Se busca, en definitiva, “disponer mecanismos tendientes a paliar las necesidades más urgentes en materia de Seguridad”, garantizando a la ciudadanía la plena efectividad del derecho humano a la seguridad ciudadana, entendida ésta como “el marco propicio y adecuado para la convivencia pacífica de las personas”, posibilitando la realización de los “derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad”, fundamentó el senador Alcides Calvo (PJ-Lealtad-Castellanos), acompañado de sus pares del Bloque Lealtad, el Proyecto de Ley (Expediente 44780 JLL) que estudian, desde el día 18 de noviembre de 2021, las comisiones internas de esta Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

Se presume, admitiendo prueba parlamentaria en contrario, que la mencionada iniciativa sería incluida por el Poder Ejecutivo en el temario de asuntos de interés público para estas Sesiones Extraordinarias y, por ello, con ciertas correcciones y modificaciones, resultaría aprobada a la mayor brevedad a los fines de “lograr la reducción de los factores de delito y la violencia interpersonal vinculada o no a hechos delictivos”.

Fuente: Política de Santa Fe

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