Condenan a la Provincia de Buenos Aires a indemnizar con $35 millones a un joven víctima de bullying escolar

La demanda fue presentada por los padres de J.A.M., quien entre 2011 y 2012 sufrió agresiones físicas, humillaciones y hostigamiento constante por parte de compañeros de curso, mientras cursaba sus estudios en la Escuela de Educación Técnica N°1 “Mariano Moreno” de Chivilcoy.
Actualidad23/05/2026La Lupa MediosLa Lupa Medios

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La Justicia bonaerense condenó al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a pagar una indemnización cercana a los $35 millones a un joven que sufrió bullying sistemático mientras cursaba sus estudios en la Escuela de Educación Técnica N°1 “Mariano Moreno” de Chivilcoy.

El fallo fue dictado por el juez Luis Laserna, titular del Juzgado Contencioso Administrativo N°1 de Mercedes, quien responsabilizó a la Dirección General de Cultura y Educación provincial por no haber garantizado la integridad física y psicológica del alumno.

Años de hostigamiento y violencia

La demanda fue presentada por los padres de J.A.M., quien entre 2011 y 2012 sufrió agresiones físicas, humillaciones y hostigamiento constante por parte de compañeros de curso.

Según consta en la sentencia, el adolescente era víctima de burlas y ataques vinculados a su perfil académico y a su interés por la informática. El fallo remarca que era señalado por ser un “estudiante aplicado” y por no “plegarse a hacer lío”.

Durante esos años, el joven sufrió golpes, salivazos, insultos y distintos episodios de violencia que incluso eran grabados por otros estudiantes.

La resolución judicial sostiene además que las autoridades escolares no actuaron de manera efectiva para detener el acoso y, en algunos casos, terminaron revictimizando al alumno al modificarle horarios y condiciones de cursado mientras los agresores continuaban asistiendo normalmente.

Secuelas psicológicas y abandono escolar

Producto de la situación, el joven desarrolló un severo cuadro de depresión y ansiedad que finalmente lo llevó a abandonar sus estudios.

En su resolución, el magistrado remarcó que las instituciones educativas tienen la obligación de garantizar un ambiente seguro para los estudiantes y actuar de manera inmediata frente a situaciones de violencia escolar.

La indemnización fijada busca reparar parte del daño psicológico y emocional sufrido por la víctima tras años de acoso y falta de contención institucional.

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