La Lupa Medios
La decisión del Ministerio de Seguridad de Santa Fe de cobrar multas millonarias a familias de menores involucrados en amenazas falsas en escuelas ya tuvo su primera reacción judicial. Una familia santafesina presentó una impugnación formal contra el reclamo de más de $6 millones exigido por la Provincia, abriendo un debate sobre la legalidad de estas sanciones.
El caso se originó a partir de un episodio ocurrido en la ciudad de Santa Fe, protagonizado por un alumno de entre 12 y 13 años que habría participado en un “desafío viral” difundiendo una nota con contenido intimidante. Según la defensa, el hecho ocurrió fuera del establecimiento escolar y fue reconocido rápidamente por el menor ante sus padres y autoridades educativas.
El abogado Rodolfo Mingarini sostuvo que el episodio no configura legalmente una amenaza, ya que —afirmó— no existió una intimidación concreta ni una situación de peligro real. “Esto fue un papel encontrado en un estacionamiento, no dentro de la escuela”, argumentó en declaraciones radiales.
El eje central del planteo judicial apunta a cuestionar si el Estado provincial puede exigir el pago de estos montos sin una sentencia judicial previa. La defensa sostiene que la responsabilidad penal no puede trasladarse a los padres y que cualquier eventual responsabilidad civil debe ser determinada por un juez. Además, remarcan que no existe una norma específica que habilite al Poder Ejecutivo a fijar y cobrar estas multas de manera directa.
Otro de los puntos cuestionados es el cálculo del monto reclamado. Según la defensa, en el operativo solo intervino un patrullero y no existe un desglose detallado que justifique una cifra superior a los $6 millones.
