Lucas Bigil
La Ley de Glaciares 26.639 fue modificada tras la aprobación en el Congreso, introduciendo cambios centrales en la protección de glaciares y del ambiente periglacial. Se busca equilibrar la conservación ambiental con el impulso a inversiones productivas, en especial en provincias con potencial minero.
Uno de los aspectos clave es el criterio de “función hídrica efectiva”, que limita la protección a las áreas que cumplen un rol comprobable en la regulación del agua.
Así, si un glaciar o zona periglacial no aporta recursos hídricos relevantes, podría habilitarse para su explotación, siempre bajo estudios científicos.
Además, la ley transfiere mayor poder a las provincias, que podrán decidir qué zonas proteger y en cuáles permitir actividades como minería o explotación hidrocarburífera. Esta medida fue impulsada por gobernadores de Catamarca, San Juan, Salta y Mendoza, interesados en atraer inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones.
Otro cambio importante es la eliminación de la prohibición automática de actividades extractivas en áreas periglaciares. Todas las iniciativas deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y respetar la protección de recursos hídricos estratégicos.
La reforma también modifica el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del IANIGLA, que ahora deberá actualizarse cada cinco años con información aportada por las provincias.
La medida abre un nuevo escenario de debate sobre la distribución de competencias entre Nación y jurisdicciones provinciales en materia ambiental.
