La Lupa Medios
En una audiencia llevada a cabo esta mañana, el juez Carlos Gazza decidió prorrogar la prisión preventiva de Diego Jesús Pérez y Andrea Belén Mimbrero, imputados por el asesinato del camarógrafo Gustavo Gutiérrez, ocurrido el 29 de diciembre de 2022 en la intersección de las calles Perú y Genaro Roldán. La medida regirá desde el 4 de enero de 2025, aunque el magistrado exhortó a la Oficina de Gestión Judicial a programar con urgencia el juicio oral y público.
Durante la audiencia, la Defensa presentó una lista de testigos que se espera declaren en el juicio oral. Entre los principales figuran profesionales del Servicio Público de la Defensa Penal (SPPDP): se incluyen un licenciado en trabajo social, un psicólogo, un ingeniero mecánico y un ingeniero informático. Estos testigos tienen como objetivo controvertir los informes periciales de balística y los análisis realizados sobre los celulares secuestrados en la investigación, cuestionando su vinculación directa con los imputados.
Una sobrina menor de edad de Mimbrero, quien declarará en cámara Gesell. Según la Defensa, la menor testificará que Mimbrero estaba dormida en su casa el día del crimen, tras haber ingerido pastillas para dormir y alcohol. La sobrina también afirmará que un tercero habría utilizado el celular de Mimbrero y confesado haber cometido el asesinato.
Familiares y funcionarios públicos, entre ellos un oficial del Registro Civil, para incorporar documentación relacionada con la hija menor de Mimbrero y reforzar otros aspectos de la defensa.
La Fiscalía solicitó la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva argumentando que la proximidad de su vencimiento podría generar riesgos procesales. La Querella apoyó esta postura e instó a la Oficina de Gestión Judicial a programar el juicio con la mayor antelación posible.
En contraste, la Defensa se opuso a la medida, alegando falta de pruebas concluyentes contra sus representados y pidiendo su libertad inmediata o bajo condiciones de conducta.
El magistrado resolvió hacer lugar a la solicitud de prórroga, extendiendo la prisión preventiva hasta enero de 2025. En su resolución, Gazza destacó la necesidad de garantizar que el proceso judicial avance sin dilaciones y con todas las garantías procesales para las partes involucradas. Asimismo, exhortó a que el juicio oral y público se realice en el menor tiempo posible, evitando demoras adicionales en un caso que ha generado gran repercusión.
La resolución fue recibida con críticas por parte de la Defensa, que insistió en la inocencia de sus defendidos y la falta de elementos probatorios claros, mientras que la Fiscalía y la Querella valoraron la medida como una acción necesaria para asegurar la continuidad del proceso judicial.
