Abogados rechazan la implementación del "Divorcio Administrativo" y las "Sucesiones Notariales"

Sostienen que estas modificaciones, bajo la premisa de ahorrar tiempo y dinero, ponen en peligro la seguridad jurídica y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. Además aseguran que estas reformas no simplificarían los procesos legales, sino que aumentarían la conflictividad.

Región 08/02/2024 La Lupa Medios La Lupa Medios
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Mediante un comunicado la Comisión Directiva de la Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo y la Delegación San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario, expresan de manera enérgica su rechazo al proyecto de implementar el divorcio administrativo" y las sucesiones notariales, propuestas contenidas en el Proyecto de Ley denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Tras un análisis meticuloso, sostienen que estas modificaciones, bajo la premisa de ahorrar tiempo y dinero, ponen en peligro la seguridad jurídica y vulneran los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

Comunicado: 

La Comisión Directiva de la “Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo”, y la Delegación San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario, por este medio expresan su más enérgico y categórico rechazo a la iniciativa de implementar la “disolución del vínculo matrimonial presentada por los cónyuges en forma conjunta ante el órgano administrativo” y “sucesiones notariales”, contenidas ambas reformas en el Proyecto de ley denominado “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que en el día de la fecha fue girado a Comisión por el plenario de la Cámara de Diputados de la Nación. 

Sostenemos luego de un meditado análisis y deliberación, que las modificaciones pretendidas, ocultan bajo el ropaje de economizar tiempo y dinero, circunstancias de hecho y derecho que atentan en forma directa contra la seguridad jurídica y vulneran, no solo la división de poderes prevista en nuestra Carta Magna, sino también, elementales derechos de los justiciables, tales como el debido proceso y derecho de defensa, el que conlleva indefectiblemente el debido asesoramiento técnico jurídico y personal, ocasionando incluso la pérdida de derechos. 

Con el llamado “divorcio administrativo”, que se instrumentaría a través de una simple declaración de voluntad presentada por ambos cónyuges, sin asistencia letrada, ante un funcionario público, se quebrantaría la seguridad jurídica, poniéndose en riesgo no sólo derechos patrimoniales de las partes, pues el divorcio, más allá de la disolución del vinculo matrimonial, produce efectos jurídicos personales y familiares de suma importancia, los cuales deben ser abordados ante los juzgados de familia, con patrocinio y minucioso asesoramiento de un profesional del derecho. Es importante resaltar que de avanzar en este proyecto y adquirir firmeza veríamos seriamente afectado derechos de los más vulnerables, mayormente, mujeres, ancianos, niños, niñas y adolescentes, y el estado no puede ser ajeno a esta problemática, debiendo asumir el compromiso de luchar, garantizar y proteger esos derechos.

Por ello, tenemos el pleno convencimiento de que la modalidad propuesta por el proyecto de ley vulnera derechos constitucionales reconocidos, afecta la seguridad jurídica y el acceso a la Justicia del ciudadano, que solo puede verse garantizada con la intervención de un juez natural y el asesoramiento de un profesional en derecho. Demás está decir, que el mentado proyecto ataca de manera directa exclusivas incumbencias profesionales de estricta índole abogadil, quienes fueron formados y preparados para asesorar y garantizar el respeto y protección de los derechos de los justiciables.

Asimismo, con la eventual puesta en marcha de las “sucesiones notariales”, con total evidencia se afectarán derechos y garantías constitucionales al reemplazarse al juez natural por un escribano, atribuyéndosele a los notarios facultades que son propias del Poder Judicial, atentándose también en este caso contra la seguridad jurídica, privando de certeza y confiabilidad a los derechos de los eventuales sucesores, terceros contratantes y acreedores de la sucesión. No se trata solo de un tema de incumbencia profesional de la abogacía, sino de un serio impacto al sistema de normas sucesorias.

En la práctica, las sucesiones notariales complejizaran los casos, aumentaran la conflictividad y los costos (acta de notoriedad, honorarios del escribano, etc.), por lo que no se advierte la ventaja, ni la economía derivadas de sortear la intervención judicial. 

Advertimos además, que en caso de transformarse en ley en los puntos cuestionados el mencionado proyecto, lo cual implicaría una reforma del Código Civil y Comercial Nacional, el mismo no pasaría en modo alguno un test mínimo de constitucionalidad, por lo cual vemos saludable y enriquecedor para un posible y nuevo debate en Comisión, que la Honorable Cámara convoque a participar y escuche a los profesionales del derecho especializados en la materia con la finalidad de que expongan los sólidos fundamentos en que se apoya la inobjetable oposición a esta iniciativa en los aspectos supra señalados. Este proyecto está muy lejos de facilitar, economizar y dar respuestas confiables y seguras.

Mención aparte son los aportes profesionales de los abogados, en las jurisdicciones que existen, ya que no se encuentran contemplados, y que sostienen regímenes previsionales o de salud de los profesionales del derecho. No se ha tenido en consideración la realidad de todo el país, que es diferente según cada provincia. Puntualmente en el caso de Santa Fe los profesionales han confiado en sus Cajas la jubilación y la salud, y esta 
ley puede llegar a desfinanciarlas, poniendo en riesgo el sistema de salud y de jubilaciones y pensiones de todos los profesionales derecho de la provincia.

Como instituciones que representan y defienden la labor de abogar, consideramos que en este punto es importante destacar que es el abogado el único capacitado para asesorar a un justiciable, no somos meros auxiliares, sino una parte esencial del sistema de administración de justicia.

Por todo lo reseñado precedentemente, la “Asociación de Abogados del Departamento San Lorenzo”, y la Delegación San Lorenzo del Colegio de Abogados de Rosario, en resguardo de los legítimos derechos de los justiciables y de las incumbencias profesionales, instan y llaman a la reflexión a los legisladores nacionales, y solicitan se rechazase el proyecto de ley aludido en las cuestiones que motivan la presente declaración.

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