
El Senado sancionó por unanimidad la nueva ley de discapacidad
La Lupa Medios
El sistema de atención a las personas con discapacidad tendrá un nuevo marco legal permanente. El Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto que reemplaza el esquema de emergencia, cuya vigencia finaliza a fin de año. La votación terminó con 71 votos a favor y ningún rechazo.
La ley conserva varios de los puntos que habían sido incorporados durante el tratamiento en la Cámara de Diputados, entre ellos la continuidad de las pensiones no contributivas, su actualización para evitar la pérdida de poder adquisitivo y la aplicación de un nomenclador universal de prestaciones con aranceles unificados.
La iniciativa también busca establecer reglas estables para beneficiarios, familias y prestadores, aunque su aplicación dependerá de la reglamentación que deberá llevar adelante el Poder Ejecutivo. El Gobierno conserva la posibilidad constitucional de vetar total o parcialmente la norma.
Qué establece la nueva ley
Entre los aspectos centrales, el texto ratifica que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70% del haber mínimo jubilatorio. El Certificado Único de Discapacidad (CUD) seguirá siendo la herramienta principal para acreditar la condición y acceder a los beneficios previstos.
Otro punto relevante es la compatibilidad entre la pensión y el trabajo registrado. Las personas podrán mantener el beneficio mientras tengan un empleo formal o estén inscriptas en regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La normativa también contempla la cobertura de salud mediante el Programa Incluir Salud, con acceso a las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, tanto para titulares de pensiones por invalidez laboral como para quienes reciben pensiones por discapacidad.
En materia de financiamiento, se establecen partidas específicas dentro del presupuesto del Ministerio de Salud y mecanismos de compensación del Tesoro Nacional cuando los recursos asignados no alcancen. Además, se incorpora la obligación de preservar el poder adquisitivo de los ingresos de los beneficiarios respecto del año anterior.
Auditorías y controles sobre los beneficios
La nueva legislación incorpora mecanismos de fiscalización periódica a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Para esas tareas se prevé el cruce de información con organismos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Ante incumplimientos objetivos, podrá disponerse la suspensión preventiva de una prestación. Sin embargo, el procedimiento deberá contemplar notificaciones y garantías para que la persona involucrada pueda ejercer su derecho a defensa, además de la posibilidad de una rehabilitación provisoria del beneficio.
Otro aspecto incluido en la norma está relacionado con las deudas que pudieran existir con prestadores. En esos casos, el Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la sanción y completar las cancelaciones en un plazo máximo de 90 días.
Las advertencias durante el debate
Aunque el proyecto reunió el respaldo de todo el cuerpo, durante la sesión hubo planteos sobre la capacidad del Estado para garantizar su cumplimiento.
La senadora Alicia Kirchner expresó preocupación por la estructura operativa de ANSES y mencionó que existen 427 centros en todo el país. También advirtió sobre la concentración de esas dependencias, al señalar que el 42,9% se encuentra en la provincia de Buenos Aires.
Por su parte, Agustín Monteverde, integrante de La Libertad Avanza y miembro informante del proyecto, defendió la necesidad de reemplazar la emergencia por un esquema permanente que otorgue previsibilidad al sistema.
En cuanto al impacto fiscal, durante el debate se mencionaron distintas estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Guillermo Andrada hizo referencia a un gasto de 600.000 millones de pesos para el año en curso, mientras que Monteverde señaló una proyección de 1,2 billones de pesos para 2027.
También hubo advertencias sobre la necesidad de garantizar los recursos en el próximo presupuesto. La senadora radical Mariana Juri pidió que las partidas destinadas al área estén contempladas en el cálculo de gastos de 2027, mientras que Maximiliano Abad puso el foco en la implementación efectiva de la norma.
Con la aprobación del Senado, el proyecto quedó convertido en ley. El próximo paso será la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, una instancia clave para determinar cómo se instrumentarán las prestaciones, los mecanismos de control y el financiamiento del nuevo régimen.


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