Diputados aprobó una ley para garantizar las pensiones por discapacidad

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó por amplia mayoría un proyecto de ley que establece garantías para las pensiones por discapacidad e incorpora cambios al esquema impulsado originalmente por el Gobierno nacional. La iniciativa obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones, tras un acuerdo entre La Libertad Avanza, bloques aliados y sectores de la oposición.

El texto deberá ser analizado ahora por el Senado. Entre sus principales puntos, mantiene las pensiones no contributivas y permite que sus titulares accedan a un empleo formal sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos individuales no alcancen o superen el límite previsto, equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La propuesta también incorpora garantías de cobertura médica, mecanismos de financiamiento para sostener las prestaciones y procedimientos de control para verificar que los beneficiarios continúen cumpliendo los requisitos. Además, establece medidas para evitar suspensiones arbitrarias y contempla instancias de notificación y presentación de descargos ante posibles incumplimientos.

Qué establece el proyecto

Requisitos para acceder a la pensión. La iniciativa contempla la presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la acreditación de identidad, edad y nacionalidad, además de condiciones vinculadas con los ingresos y la evaluación socioeconómica. Para las personas extranjeras, establece una residencia legal, continua y mínima de cinco años.

Compatibilidad con el trabajo formal. Las personas beneficiarias podrán trabajar en relación de dependencia o inscribirse en regímenes tributarios sin perder automáticamente la prestación, siempre que sus ingresos individuales se mantengan por debajo de dos salarios mínimos, vitales y móviles. Si superan ese límite, la pensión quedará suspendida mientras persista esa situación. El proyecto prevé la posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando se vuelva a cumplir la condición establecida.

Monto de la prestación. El texto fija para las pensiones no contributivas por invalidez laboral y discapacidad un monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio garantizado, con las actualizaciones correspondientes según la normativa vigente.

Auditorías y garantías para los beneficiarios. La autoridad competente podrá realizar controles periódicos y cruzar información con organismos públicos, entre ellos ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas. Ante posibles incumplimientos, deberá notificarse al titular y darle la oportunidad de presentar un descargo antes de que se adopten las medidas previstas en el proyecto.

Cobertura de salud. La iniciativa garantiza el acceso a prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901 mediante un programa médico de atención y cobertura para los titulares alcanzados por la norma.

Financiamiento y pagos pendientes. El proyecto establece previsiones presupuestarias para sostener el sistema y contempla mecanismos para completar compensaciones pendientes a prestadores. En esos casos, fija plazos para publicar un cronograma y concretar los pagos, sujetos a las condiciones administrativas previstas.

También incorpora obligaciones de capacitación para quienes brindan servicios a personas con discapacidad, medidas de transparencia sobre la ejecución presupuestaria y coordinación federal de las políticas públicas. A su vez, mantiene incentivos para empleadores que incorporen trabajadores con discapacidad por tiempo indeterminado y ratifica la vigencia del régimen de empleo protegido.

Si el Senado convierte la iniciativa en ley, el Poder Ejecutivo deberá reglamentarla dentro de los 30 días hábiles posteriores a su publicación en el Boletín Oficial. Según el texto aprobado, la norma entraría en vigencia al día siguiente de esa publicación.