Organizaciones de derechos humanos cuestionan el proyecto de seguridad de Pullaro y advierten sobre su constitucionalidad

El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos volvió a expresar su rechazo al proyecto de “Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública”, impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, y afirmó que la propuesta presenta disposiciones que considera incompatibles con la Constitución y los principios del Estado de Derecho.

El pronunciamiento se difundió tras una audiencia y plenario conjunto de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados de Santa Fe, en la que participaron distintas entidades, organizaciones, colegios profesionales y organismos públicos. Según el comunicado, hubo coincidencias en los cuestionamientos a la constitucionalidad de la iniciativa.

La organización también señaló que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) cuestionó el proyecto, que sería tratado en la Cámara baja provincial.

Entre los aspectos objetados, el comunicado menciona la posibilidad de realizar interrogatorios policiales sin presencia de un abogado, concretar allanamientos sin orden judicial, implementar tareas de espionaje policial y detener personas hasta 48 horas por averiguación de antecedentes. También cuestiona la eventual convalidación de pruebas obtenidas de manera ilegal.

Otro punto señalado es la creación de las denominadas “Zonas de Intervención Policial Especial”, en las que, según la organización, se habilitarían facultades extraordinarias para las fuerzas de seguridad, como controles de acceso y restricciones horarias a la circulación.

El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos sostuvo que estas medidas afectarían garantías constitucionales y principios vinculados con la división de poderes. Además, cuestionó que la propuesta avance pese a la reciente sanción de una nueva Constitución provincial.

En el cierre, la organización reclamó que no se vulneren los derechos y las garantías democráticas y planteó que la lucha contra el delito debe desarrollarse sin debilitar las protecciones constitucionales.

Los cuestionamientos forman parte de la posición expresada por la entidad en su comunicado sobre la iniciativa del Ejecutivo provincial.