La Lupa Medios
El Gobierno nacional anunció la puesta en marcha del Programa de Ciudadanía por Inversión, un nuevo régimen que permitirá a ciudadanos extranjeros solicitar la ciudadanía argentina a cambio de aportes económicos. La iniciativa fue presentada este viernes por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week que se desarrolla en París. Según el anuncio oficial, el sistema comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.
El programa contempla dos alternativas para los interesados. La primera consiste en realizar un aporte directo y no reembolsable de US$ 350.000 al Tesoro Nacional. La segunda opción es suscribir un título público por US$ 800.000, creado específicamente para este régimen.
A diferencia de otros esquemas de incentivo a las inversiones, las alternativas anunciadas no establecen como condición la compra de una empresa ni la puesta en marcha de un emprendimiento productivo. En ambos casos, los solicitantes deberán atravesar un proceso de evaluación antes de obtener una resolución sobre su pedido.
El régimen también contempla la posibilidad de incluir al cónyuge y a los hijos del solicitante principal, siempre que acrediten el vínculo familiar y cumplan con los aportes correspondientes.
Para el cónyuge, el monto establecido es de US$ 100.000. La misma suma corresponde a los hijos de entre 18 y 25 años que sean solteros y no tengan hijos. En el caso de los menores de 18 años, el aporte previsto es de US$ 25.000 por cada uno.
De esta manera, una familia integrada por el solicitante principal, su pareja y dos hijos menores podría solicitar la ciudadanía mediante aportes por un total de US$ 500.000.
La ciudadanía no se otorgará de manera automática por realizar el aporte. El procedimiento incluirá controles sobre la identidad de los interesados, el origen lícito y la trazabilidad de los fondos, su situación patrimonial y financiera, los antecedentes penales y reputacionales, el historial migratorio y los riesgos asociados al país de procedencia.
La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, con participación de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.
Una vez concluido el análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo responsable de aprobar o rechazar cada solicitud. Además, todos los fondos deberán ingresar a través del sistema financiero formal y cumplir con los requisitos de transparencia y prevención del lavado de activos.
