La Lupa Medios
El Gobierno argentino anunció este lunes el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, que prevé la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
La decisión fue instruida por el presidente Javier Milei a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Estado, que deberán poner en marcha el mecanismo contemplado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
En paralelo, la Argentina intimó formalmente al Reino Unido a adoptar, en un plazo de dos semanas, las medidas necesarias para impedir el inicio o la continuidad de las actividades hidrocarburíferas vinculadas con el proyecto. Si el requerimiento no es atendido, el Gobierno anticipó que solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar medidas provisionales para preservar los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental.
El Ejecutivo fundamentó su posición en las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que reconocen la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido e instan a ambos países a buscar una solución mediante negociaciones.
La decisión se produce luego de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno argentino durante septiembre en relación con la cuestión Malvinas y el proyecto Sea Lion. A mediados de mes, la Justicia Federal de Río Grande había ordenado a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar el proyecto hidrocarburífero, a partir de una medida cautelar vinculada con posibles daños ambientales y soberanos.
Además del arbitraje, la administración nacional informó que detectó operaciones de la empresa Thales UK Limited en la ruta aérea entre las Islas Malvinas y Punta Arenas mediante una aeronave con matrícula británica y sin autorización de las autoridades argentinas. Según el comunicado oficial, se ordenó iniciar procedimientos sancionatorios, denuncias penales y gestiones diplomáticas por ese caso.
El Gobierno también volvió a cuestionar la respuesta británica frente al reclamo argentino y sostuvo que la denominación de las islas como territorio británico de ultramar y el referéndum realizado en 2013 no modifican, desde la posición argentina, la existencia de la disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas.
La nueva medida se suma a otras acciones impulsadas por el Ejecutivo durante las últimas semanas. En septiembre, la Cancillería había anunciado procedimientos sancionatorios contra empresas y personas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas, mientras que el Gobierno también envió al Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.
