La Lupa Medios
Un paro de prácticos portuarios dejó a más de 140 buques sin poder operar en distintos puertos del país, generando preocupación en el comercio exterior y un impacto directo sobre terminales estratégicas, entre ellas las ubicadas en el Gran Rosario y la Hidrovía Paraná-Paraguay.
La medida de fuerza fue adoptada por los trabajadores del sector en rechazo al Decreto 690/2026, publicado por el Gobierno nacional el pasado 30 de julio, que modifica el régimen de practicaje y pilotaje vigente desde hace más de tres décadas.
Los prácticos portuarios cumplen una función clave en la navegación comercial: son los profesionales habilitados por la Prefectura Naval Argentina que suben a los buques para asesorar y supervisar las maniobras de ingreso, salida y desplazamiento dentro de zonas portuarias.
Desde el sector aseguran que los cambios impulsados por la normativa ponen en riesgo la seguridad de la navegación al flexibilizar las condiciones de prestación del servicio. En tanto, desde el Gobierno sostienen que el nuevo esquema busca eliminar restricciones, ampliar la competencia y reducir costos logísticos.
La paralización afecta operaciones en puertos de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo y Santa Cruz, además de terminales vinculadas al traslado de hidrocarburos como Caleta Córdova, en Chubut.
Según informó el Centro de Navegación, actualmente hay alrededor de 140 buques pendientes de confirmación del servicio de practicaje y pilotaje, una cifra que podría aumentar con el paso de las horas debido a nuevos ingresos y egresos programados.
El conflicto también provocó la cancelación y reprogramación de operaciones que fueron derivadas hacia puertos de Uruguay y Brasil, afectando la actividad en terminales argentinas y generando advertencias por posibles pérdidas económicas, incumplimientos contractuales y mayores costos logísticos.
Qué establece el Decreto 690/2026
La nueva normativa reemplaza el Decreto 2694/91 y establece modificaciones en el sistema de practicaje y pilotaje. Entre sus principales puntos:
Desde el Ejecutivo argumentan que el sistema anterior generaba un mercado cerrado con altos costos para la logística portuaria. Los gremios y trabajadores del sector, en cambio, sostienen que la reforma afecta una actividad esencial para garantizar la seguridad marítima.
El conflicto continúa abierto mientras las partes analizan posibles vías de negociación y crece la preocupación entre los actores vinculados al comercio exterior argentino.
