Provincia dio de baja la asistencia a una asociación civil que usaba fondos de la Tarjeta Institucional en McDonalds y realizó una denuncia penal

El Gobierno de la Provincia presentó una denuncia penal contra la institución denominada “Movimiento Mahatma Gandhi”, de la ciudad de Santa Fe, luego de detectar presuntas irregularidades en la utilización de fondos públicos otorgados a través del Programa Tarjeta Institucional, que tiene como finalidad fortalecer el funcionamiento de comedores y espacios comunitarios de toda la provincia, contribuyendo a garantizar una alimentación sana y nutritiva para familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social. En paralelo, se le dio de baja para la recepción de fondos por parte de la Provincia.

Al realizar una de las habituales auditorías, desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe se detectó que, las rendiciones realizadas por la organización, no condicen con los resúmenes de la tarjeta, en la que se observaron consumos en casas de comida rápida, como McDonald, bares, restoranes y kioscos. 

Exonerado

El “Movimiento Mahatma Gandhi” es una organización que, hasta abril de 2024, estuvo conducido por Luciano “Chano” Rossi, dirigente social a quien durante la actual gestión, en julio de 2025, se lo exoneró en la Empresa Provincial de Energía, al detectarse que había asistido a trabajar 651 días y se había ausentado en 1452. 

El ingreso de Rossi a la EPE había sido en julio de 2015, cuando el acceso del personal era “hereditario” o por “derecho de sangre”, es decir que ocupaban el lugar que dejaba vacante un familiar directo. Esa situación, vale destacar, fue modificada por la actual gestión, que estableció que a partir de ahora se ingresa por concurso, es decir por capacidad.

En el caso de Rossi, se estableció que de los últimos 2.103 días, sólo había concurrido a trabajar en 651, por lo que se decidió su exoneración.

Irregularidades

Durante las instancias de control que habitualmente lleva adelante la Provincia, se detectaron inconsistencias entre la documentación presentada por la institución para justificar los gastos y los movimientos efectivamente realizados con la tarjeta asignada.

De acuerdo con los informes elaborados desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, los fondos que debían destinarse a la compra de alimentos para el funcionamiento del comedor comunitario habrían sido utilizados en consumos efectuados en comercios que no guardan relación con el objeto del programa. Entre ellos figuran gastos en casas de comidas rápidas, como McDonalds, restoranes céntricos y kioscos. 

A partir de estas observaciones, y con el objetivo de resguardar los recursos públicos destinados a la asistencia alimentaria, el Gobierno de la Provincia resolvió realizar la correspondiente denuncia penal y poner toda la información relevada a disposición de la Justicia para que se investiguen los hechos.

Vale destacar que la tarjeta no permite que la propia institución le ingrese fondos, sino que el único habilitado a depositar en la cuenta es el Gobierno Provincial, por lo que todos los consumos deberían estar vinculados a compras a realizar para los verdaderos beneficiarios del programa.

Los mecanismos de auditoría y control forman parte de una política permanente de seguimiento de los fondos públicos que se transfieren a organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.