La Lupa Medios
La Cámara de Diputados del Congreso de la Nación aprobó en general la reforma de la Ley de Glaciares (26.639), luego de una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada. El proyecto obtuvo 137 votos a favor y 111 en contra, en medio de fuertes posiciones a favor y en rechazo.
La modificación introduce cambios centrales en la normativa vigente desde 2010, principalmente en la definición de áreas protegidas y en las condiciones para el desarrollo de actividades productivas. A partir de ahora, se prioriza el concepto de “función hídrica efectiva”, limitando la protección a glaciares y zonas periglaciares que cumplan un rol comprobable en la regulación del agua.
Uno de los puntos clave es que las provincias tendrán mayor poder de decisión, ya que podrán determinar qué áreas pueden destinarse a actividades como la minería o la explotación hidrocarburífera, siempre que no afecten recursos hídricos estratégicos.
No obstante, la ley mantiene prohibiciones en zonas protegidas, como la exploración minera, la instalación de industrias o la liberación de contaminantes, salvo en casos vinculados a investigación científica o prevención de riesgos. Además, todas las actividades deberán someterse a Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
La reforma también introduce cambios en el funcionamiento del Inventario Nacional de Glaciares, que seguirá a cargo del IANIGLA, aunque ahora deberá actualizarse cada cinco años con información aportada por las provincias.
El proyecto, impulsado en parte por gobernadores de provincias con potencial minero, podría generar debates judiciales en torno a la distribución de competencias entre Nación y provincias en materia ambiental.
