Lucas Bigil
El Gobierno nacional envió este jueves al Senado el proyecto de reforma laboral, luego de que el presidente Javier Milei firmara el texto tras regresar de su viaje a Oslo. La iniciativa ingresó por la Cámara alta y su debate en comisión comenzará la semana próxima, según confirmaron fuentes oficiales.
Desde la Casa Rosada señalan que la reforma busca modernizar un sistema que consideran atrasado y responsable de trabas para la creación de empleo registrado. El oficialismo aspira a darle un tratamiento rápido durante las sesiones extraordinarias y alcanzar la media sanción en los próximos días.
Los puntos principales del proyecto:
Vacaciones:
Reorganiza el régimen anual, habilita el fraccionamiento en tramos mínimos de siete días y garantiza que cada trabajador pueda tomar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años. Prevé reprogramación en caso de enfermedad.
Despidos:
Establece una indemnización de un mes de sueldo por año trabajado, con topes por convenio, y permite fondos de cese laboral. Define esta compensación como la única reparación posible y mantiene regímenes especiales por enfermedad, accidente o muerte.
Remuneraciones:
Amplía la definición de conceptos remunerativos y ratifica como no remunerativos beneficios sociales como guardería, comedor o reintegros médicos. Habilita componentes salariales fijos o variables sin generar ultraactividad. Obliga al pago bancario o electrónico.
Ultraactividad y formalización:
Los nuevos componentes variables no generan ultraactividad. Crea un registro centralizado ante ARCA como única validación, refuerza la presunción a favor del trabajador ante falta de registración y simplifica recibos digitales.
Convenios colectivos:
Restringe la aplicación extensiva: sólo rigen para sus partes. Permite topes de personal part-time, métodos de cálculo por promedios y la creación de fondos de cese laborales sectoriales como reemplazo de indemnizaciones.
Procedimientos judiciales:
Actualiza créditos laborales por IPC + 3% anual y prohíbe intereses sobre intereses. Limita pactos de cuota litis al 20% y honorarios totales al 25%. Ordena remitir casos de empleo no registrado a ARCA.
Prácticas sindicales:
Impide que eventuales ocupen cargos con tutela sindical. Limita deducciones automáticas a favor de gremios y exige consentimiento del trabajador. Los acuerdos conciliatorios deberán contar con intervención judicial o administrativa.
