La Justicia interviene Vicentin por 120 días: Buscan evitar la quiebra y preservar los puestos de trabajo

La Justicia de la provincia de Santa Fe ordenó este martes la intervención judicial de Vicentin SAIC por un plazo de 120 días hábiles , en el marco del concurso preventivo de acreedores que atraviesa la empresa agroexportadora. La resolución, firmada por el juez Civil y Comercial de Reconquista Fabián Lorenzini, suspende al actual directorio algunos de cuyos miembros se encuentran detenidos y designa como interventores societarios al contador Andrés Shocrón y al abogado Guillermo Nudemberg.

Según el fallo, la intervención busca evitar una “parálisis total” de la compañía, proteger sus activos y fuentes de trabajo, y generar condiciones para su reestructuración operativa y financiera. La situación crítica de Vicentin se agravó en las últimas semanas, con plantas en riesgo de cierre y trabajadores cobrando sus sueldos en cuotas.

El juez tomó en cuenta los informes fiscales que advierten sobre irregularidades en el manejo actual de la firma, como la utilización de fondos de la empresa para costear la defensa legal de los directivos imputados por delitos como estafa y administración fraudulenta.

En ese contexto, el magistrado afirmó que la intervención apunta a prevenir un colapso económico total y “anticipar la protección de las unidades de negocios, fuentes de trabajo y activos, mediante una actuación suficiente y oportuna”.

La intervención judicial tendrá una duración de 120 días hábiles judiciales , prorrogables, y abarca las siguientes funciones:

• Administración de todos los bienes y recursos de la empresa, tanto en el país como en el extranjero.
  Negociación y gestión de contratos de todo índole (fazón, alquileres, servicios, etc.) para reducir el déficit operativo.
• Medidas urgentes de conservación de activos , en tanto se definen un plan de intervención más amplio.
• Reorganización administrativa y productiva de acuerdo a la realidad actual de Vicentin.

Asimismo, el juez ordenó que no se interrumpa el suministro de servicios públicos y privados esenciales para la operación industrial, como gas, energía eléctrica, telefonía, informática, transporte y seguridad.

Lorenzini subrayó que el objetivo central de esta etapa es promover el diálogo con acreedores, proveedores y trabajadores , con el fin de diseñar un plan de continuidad y reactivación de las unidades productivas. “Será tarea fundamental de la intervención abrir canales inmediatos de renegociación de obligaciones impagas”, destacó.