Un juez provincial no hizo lugar a la presentación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en relación al caso de un hombre que en el último mes y medio fue demorado y trasladado en cinco oportunidades a dependencia policial por negarse a ser identificado.
Judiciales21/08/2024
La Lupa Medios
La Justicia provincial rechazó este martes un habeas corpus preventivo, interpuesto por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en relación al caso de un hombre que fue demorado y trasladado a dependencia policial en cinco oportunidades desde el pasado 1 de julio. Esto se da en el marco de las nuevas facultades adquiridas por el personal de la Policía de Santa Fe para incrementar las identificaciones de personas que circulen por la vía pública -que se resisten a ser identificadas en algunos casos-, con el objetivo de reducir los índices de delitos predatorios tales como robos, hurtos y arrebatos.
A partir de las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Código Procesal Penal y, sancionadas en diciembre pasado por la Legislatura provincial, el artículo 10 Bis de la modificada Ley 14.258 establece que “podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”. Y además especifica que “la demora no podrá exceder las seis horas corridas”.
Facultades legales
Es el primer habeas corpus rechazado por la Justicia de estas características. “Está dentro de las facultades legales el traslado de una persona a dependencia policial. También que el personal policial pueda realizar la identificación en el mismo lugar del procedimiento o en la comisaría. No se percibe una conducta de hostigamiento desde una autoridad estatal hacia la persona. Tampoco están reunidos los extremos para hacer lugar a la presentación. Por lo tanto queda rechazado el habeas corpus”, resolvió el juez Pablo Pinto en la audiencia.
Según apuntó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, la aplicación del artículo 10 Bis en procedimientos policiales de calle “contempla una herramienta más para tareas de prevención y control. Lo que permite ante una actitud sospechosa o en caso de resistencia de una persona a su identificación, la Policía puede trasladarla a una dependencia policial para proceder a su identificación dactiloscópica y relevar si no presenta antecedentes o requerimientos judiciales”.
Para el juez Pinto resultó “definitorio” que el personal policial interviniente en cada uno de los procedimientos haya sido diferente en todos los casos. “Si hubiese sido la misma autoridad policial podríamos sospechar de una conducta concreta de hostigamiento hacia esta persona. En el acta del pasado 14 de agosto refiere que mostraba una actitud sospechosa y que cuando quisieron identificarlo respondió con evasivas”, justificó.
“Emergencia implica control”
En la audiencia, la fiscal Karina Bartocci expuso que “aunque esta persona no tiene ningún pedido de captura activo, solicitamos el rechazo del habeas corpus al no haber una actividad arbitraria por parte del personal policial.
Atendiendo como elemento importante que el personal policial que lo demora y lo traslada una y otra vez a la comisaría nunca fue el mismo”.
“Había una razón para demorarlo y realizarle el cotejo de huellas para establecer si tiene algún requerimiento judicial -continuó la fiscal Bartocci-. Y también consideramos razonable que frente a alguna sospecha del personal, se trate de identificarlo con un traslado a dependencia policial. Entendemos que las demoras están justificadas y bajo ningún concepto son arbitrarias”, enfatizó.
Participaron de la audiencia los funcionarios provinciales María Florencia Blotta y José de Olazábal, la fiscal Bartocci, la defensora Adriana Lucero y los secretarios Marcelo Marasca y Santiago Bererciartúa en representación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y el titular de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional II.
“Hacerse cargo de la seguridad pública en una provincia declarada en emergencia implica control”, subrayó De Olazábal. “El policía de calle tiene que estar nutrido de ciertas herramientas. El personal de calle que demoró a esta persona en reiteradas ocasiones nunca fue el mismo. Y en las actas se menciona que más allá de las respuestas evasivas, ante la presencia policial este hombre decidía dar otra dirección o se negaba a dar su identidad. En otra de las actas figura que observaba el interior de los vehículos por las ventanillas. No confundamos demora con detención”, añadió.
El juez de primera instancia, Dr. Eugenio Romanini, formalizó la audiencia imputativa y ordenó la prisión preventiva del joven por un plazo de 45 días, quien fue alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil.
La Justicia imputó este viernes 4 de julio a tres hombres por integrar una organización delictiva que cometió múltiples robos a mano armada en la región, entre ellos el violento asalto a la inmobiliaria Lica, en San Lorenzo, ocurrido el 14 de mayo pasado. La audiencia se realizó en la sala 10 del Centro de Justicia Penal de Rosario, donde los fiscales Juliana González y Maximiliano Nicosia Herrero atribuyeron a Orlando G.D. (64), Jonatan S. (20) y Maximiliano F. (28) una serie de delitos con una violencia planificada, armas de fuego y privación ilegítima de la libertad, bajo una modalidad delictiva conocida como escruche. El juez Gustavo Pérez de Urrechu resolvió dictar prisión preventiva efectiva por ocho meses con prórroga automática si la Fiscalía presenta la acusación formal en ese plazo.
El Juez de Primera Instancia Álvaro Campos resolvió condenar a Santiago M. de 27 años, a la pena de 12 años de prisión efectiva por los delitos de Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de de edad aprovechando la situación de convivencia preexistente con la misma ocasionando su embarazo. Los hechos ocurrieron en el domicilio en el que convivían en la localidad de Andino.
El miércoles 2 de julio, se llevó a cabo en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo la audiencia imputativa contra F.A., acusado de provocar la muerte de Gustavo Ramón Gómez en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 28 de junio en Puerto General San Martín. El fiscal Maximiliano Nicosia Herrero le atribuyó a F.A. el delito de homicidio culposo agravado, ya que al momento del hecho conducía con un nivel de alcoholemia superior a 500 mg por litro de sangre. El juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo formalizó la imputación y dictó, de común acuerdo entre las partes, la prisión preventiva efectiva para el imputado, con vencimiento el próximo 2 de septiembre de 2025.
La Fiscalía presentó este lunes el requerimiento de elevación a juicio contra Facundo Quiroga, de 42 años, por el delito de abuso sexual con acceso carnal, y solicitó una pena de diez años de prisión efectiva.
Este martes 1 de julio al mediodía se llevó a cabo una audiencia clave en los Tribunales de San Lorenzo en el marco de la causa que investiga el femicidio de Sofía Delgado. Mordini brindó detalles sobre su relación con Bevilaqua, sobre la noche en que desapareció Sofía Delgado, afirmó haber estado acompañado por una mujer de San Lorenzo, cuya identidad no trascendió públicamente. También mencionó a un amigo que habría estado presente en la puerta del taller cuando, según su testimonio, Bauman cargaba una bolsa sospechosa. Los abogados de la querella aseguraron que la declaración no modifica la situación procesal de los imputados, quienes continúan detenidos con prisión preventiva. “Se está relevando más prueba, y toda aquella que aparezca será analizada con la seriedad que amerita el caso”, expresaron.
Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron un recurso de casación para que se revoque la prisión domiciliaria otorgada a Cristina Fernández de Kirchner y se ordene que cumpla su condena en una unidad penitenciaria común.
El tribunal está integrado por el juez de Primera Instancia Álvaro Campos. El fiscal Carlos Ortigoza le atribuye a Santiago L., de 27 años, el delito de abuso sexual con acceso carnal, por el que solicitó una pena de 15 años de prisión efectiva. Según la acusación, los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad de Andino, donde la víctima convivía con el imputado, quien era pareja de su madre.
Rosario Bus redujo las frecuencias de sus líneas Expreso y 35/9 desde este lunes 7 hasta el viernes 18 de julio. Los nuevos horarios ya están disponibles en la página online de la empresa.
Está sospechado de haber tenido participación en el hecho ocurrido el 5 de julio en el local Mora, donde un grupo de personas comenzó a disparar contra el ingreso del lugar, hiriendo a dos policías y a un paramédico.
Se trata de un automóvil Ford Focus, color blanco, que terminó volcando esta madrugada a la altura del kilómetro 16 de autopista Rosario- Santa Fe, a escasos metros del acceso centro de San Lorenzo. Al arribo de Bomberos Zapadores y Voluntarios San Lorenzo, constataron el vuelco y que sus ocupantes salieron del rodado por sus propios medios e ilesos.
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