Un juez provincial no hizo lugar a la presentación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en relación al caso de un hombre que en el último mes y medio fue demorado y trasladado en cinco oportunidades a dependencia policial por negarse a ser identificado.
Judiciales21/08/2024
La Lupa Medios
La Justicia provincial rechazó este martes un habeas corpus preventivo, interpuesto por el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal, en relación al caso de un hombre que fue demorado y trasladado a dependencia policial en cinco oportunidades desde el pasado 1 de julio. Esto se da en el marco de las nuevas facultades adquiridas por el personal de la Policía de Santa Fe para incrementar las identificaciones de personas que circulen por la vía pública -que se resisten a ser identificadas en algunos casos-, con el objetivo de reducir los índices de delitos predatorios tales como robos, hurtos y arrebatos.
A partir de las reformas impulsadas por el gobernador Maximiliano Pullaro en el Código Procesal Penal y, sancionadas en diciembre pasado por la Legislatura provincial, el artículo 10 Bis de la modificada Ley 14.258 establece que “podrán ser demorados en el lugar o en dependencia policial hasta tanto se constate su identidad, cuando hubiere sospecha o indicios ciertos respecto de personas que pudieran relacionarse con la preparación o comisión de un hecho ilícito, o por resistencia a ser identificado en la vía pública”. Y además especifica que “la demora no podrá exceder las seis horas corridas”.
Facultades legales
Es el primer habeas corpus rechazado por la Justicia de estas características. “Está dentro de las facultades legales el traslado de una persona a dependencia policial. También que el personal policial pueda realizar la identificación en el mismo lugar del procedimiento o en la comisaría. No se percibe una conducta de hostigamiento desde una autoridad estatal hacia la persona. Tampoco están reunidos los extremos para hacer lugar a la presentación. Por lo tanto queda rechazado el habeas corpus”, resolvió el juez Pablo Pinto en la audiencia.
Según apuntó María Florencia Blotta, subsecretaria de Relaciones con el Poder Judicial del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, la aplicación del artículo 10 Bis en procedimientos policiales de calle “contempla una herramienta más para tareas de prevención y control. Lo que permite ante una actitud sospechosa o en caso de resistencia de una persona a su identificación, la Policía puede trasladarla a una dependencia policial para proceder a su identificación dactiloscópica y relevar si no presenta antecedentes o requerimientos judiciales”.
Para el juez Pinto resultó “definitorio” que el personal policial interviniente en cada uno de los procedimientos haya sido diferente en todos los casos. “Si hubiese sido la misma autoridad policial podríamos sospechar de una conducta concreta de hostigamiento hacia esta persona. En el acta del pasado 14 de agosto refiere que mostraba una actitud sospechosa y que cuando quisieron identificarlo respondió con evasivas”, justificó.
“Emergencia implica control”
En la audiencia, la fiscal Karina Bartocci expuso que “aunque esta persona no tiene ningún pedido de captura activo, solicitamos el rechazo del habeas corpus al no haber una actividad arbitraria por parte del personal policial.
Atendiendo como elemento importante que el personal policial que lo demora y lo traslada una y otra vez a la comisaría nunca fue el mismo”.
“Había una razón para demorarlo y realizarle el cotejo de huellas para establecer si tiene algún requerimiento judicial -continuó la fiscal Bartocci-. Y también consideramos razonable que frente a alguna sospecha del personal, se trate de identificarlo con un traslado a dependencia policial. Entendemos que las demoras están justificadas y bajo ningún concepto son arbitrarias”, enfatizó.
Participaron de la audiencia los funcionarios provinciales María Florencia Blotta y José de Olazábal, la fiscal Bartocci, la defensora Adriana Lucero y los secretarios Marcelo Marasca y Santiago Bererciartúa en representación del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) y el titular de la Comisaría 1ª de la Unidad Regional II.
“Hacerse cargo de la seguridad pública en una provincia declarada en emergencia implica control”, subrayó De Olazábal. “El policía de calle tiene que estar nutrido de ciertas herramientas. El personal de calle que demoró a esta persona en reiteradas ocasiones nunca fue el mismo. Y en las actas se menciona que más allá de las respuestas evasivas, ante la presencia policial este hombre decidía dar otra dirección o se negaba a dar su identidad. En otra de las actas figura que observaba el interior de los vehículos por las ventanillas. No confundamos demora con detención”, añadió.
El Juez de primera instancia Dr. Postma tuvo por formalizada la audiencia, haciendo lugar al pedido de la Fiscalía, disponiendo para los 3 imputados la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley. A uno de los imputados, Favio A., se le atribuyó haber dejado encerrada a una mujer en su casa en Rosario y por amenazar a una familia de Granadero Baigorria.
Se realizó audiencia imputativa contra Nelson Fabre por el hecho de instigar a la víctima Romina Cisneros a terminar con su vida mediante hostigamientos, acosos, amenazas, insultos, agresiones físicas y psicológicas. El Juez de Primera Instancia Dr. Gazza tuvo por formalizada audiencia imputativa y dictó la prisión preventiva efectiva por el termino de 60 días.
El uniformado que revistaba en la antigua Brigada Operativa de Drogas de la Unidad Regional XVII compró 20 vehículos, una remisería y terrenos que no pudo justificar con su único sueldo de agente policial. Tampoco tenía un grupo familiar holgado. Acordó tres años de prisión condicional y una multa de poco más de 23 millones de pesos
El Sindicato de Empleados Judiciales de la Provincia de Santa Fe realizará este jueves un paro de 24 horas en protesta contra el Gobierno provincial, exigiendo el pago de retroactivos pendientes derivados de los aumentos salariales ya acordados. Entre las demandas también figuran cuestiones relacionadas con los ingresos, promociones y ascensos del personal, así como la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. La medida, aprobada durante una asamblea realizada el martes en el hall de los Tribunales provinciales en la ciudad de Santa Fe, afectará el funcionamiento de todos los organismos judiciales santafesinos.
La Fiscalía solicitó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 120 días. El Juez de primera instancia Dr. Cattáneo tuvo por formalizada la audiencia disponiendo la prisión preventiva efectiva hasta el 11 de diciembre de 2024.
El Juez de Primera Instancia Ariel Cattaneo tuvo por formalizada audiencia imputativa dictando la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para Brisa P por los delitos de Homicidio calificado por concurso premeditado de dos o mas personas agravado por el uso de arma de fuego y en carácter de coautora. El hecho se produjo en la noche del 22 de octubre en la zona de calle Cantoia y Vergara en barrio Mitre de San Lorenzo.
La Fiscal Melisa Serena le atribuye a Sergio R. de 61 años, los delitos de Abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor y en grado de consumado y Tenencia de arma de fuego de uso civil en calidad de autor. Se le atribuye en fecha del 21 de octubre de 2022 haber abusado sexualmente de una menor de 6 años, en un domicilio de la ciudad de San Lorenzo en circunstancias en que se encontraba como visitante en en el domicilio de un familiar de la víctima.
El Juez Dr. Romanini dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de 45 días para T. C. por el delito de intento de homicidio. Se le atribuyó el hecho ocurrió el 20 de octubre luego de una fiesta de 15 donde le acusado intenta dar muerte a la víctima J. C. al decidir propinar una patada en la cabeza produciendo el desmayo de la víctima.
En el marco de las actividades por el 135 aniversario de la ciudad, el Intendente Municipal, Carlos De Grandis, presidió esta mañana en el auditorio del Centro Cultural Municipal “Batalla Punta Quebracho” el acto de entrega de reconocimiento a los estudiantes secundarios de escuelas de la ciudad y la región que realizaron durante un mes prácticas laborales en distintas dependencias del municipio.
Ocurrió en la tarde de ayer, cuando los oficiales detuvieron un vehículo Fiat Palio, que circulaba a alta velocidad, en avenida Belgrano y J.V González de Capitán Bermúdez. Allí identificaron a los ocupantes, quienes resultaron ser jóvenes de 20, 21 y 25 años. Debajo del asiento del conductor encontraron un revólver calibre 32 con funda marrón y a uno de los ocupantes le secuestraron le secuestraron cinco municiones del mismo calibre en su zapato derecho.
Sucedió esta madrugads, en la zona de calle San Juan al 200 de San Lorenzo, donde la víctima afirmó haber visto a dos individuos arriba del techo de su vivienda y que huyeron tras robarle dos reflectores. Tras un patrullaje, en la intersección de calle San Juan y las vías férreas de la NCA, observaron a uno de los malvivientes, quien fue identificado como un menor de 16 años, quien llevaba un reflector blanco oculto bajo su remera.
El área tiene asignados 2,12 billones de pesos en el proyecto girado por el Ejecutivo provincial a la Legislatura. Esto refleja “cuáles van a ser las principales políticas a las que apunta el gobierno”, dijo el gobernador Maximiliano Pullaro.
En la tarde de ayer, se celebró una nueva reunión entre la empresa Dow y el Sindicato Obrero de la Industria Petroquímica (SOEPU) en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa reafirmó su decisión de cerrar la planta de Puerto San Martín. En el acuerdo inicial, se definió que la mayoría de los empleados recibirán una indemnización y cobertura de obra social por catorce meses. El cierre deja solo a 14 trabajadores, quienes continuarán con tareas de mantenimiento antes del cese definitivo de actividades.