Presentó una demanda contra Nación por el cese de pagos de Anses a la Provincia. Solicita que reponga los anticipos mensuales automáticos y reclama la inconstitucionalidad del decreto que estableció la suspensión de esos pagos. Solo hasta junio, Nación ya acumulaba una deuda de casi $ 70.000 millones con Santa Fe, nada más por este concepto, que ha debido suplir la Provincia para que la Caja de Jubilaciones de los estatales santafesinos cumpla con sus obligaciones.
Provincial04/08/2024
La Lupa Medios
La Provincia interpuso una demanda ante la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno Nacional reestablezca los anticipos mensuales automáticos que hacía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Ansés) con la Caja de Jubilaciones de los estatales de Santa Fe. El gobierno que encabeza Maximiliano Pullaro, a través de la vía judicial, cuestiona la constitucionalidad del artículo 18 del decreto 280/2024, que dispuso de manera “inconsulta e intempestiva” el cese de esos pagos; y además exige que se establezca una medida cautelar que reponga esas transferencias con las que Nación debe cumplir, por acuerdos que datan desde hace más de tres décadas entre el estado federal y las provincias que no transfirieron sus cajas.
Cómo se recordará, en la década de 1990, Nación redujo el envío de recursos coparticipables a las provincias y a cambio se hizo cargo de cajas de jubilaciones provinciales. Pero hubo provincias, entre ellas Santa Fe, que no cedieron sus cajas, aunque de todos modos se vieron afectadas por la reducción presupuestaria. Los acuerdos firmados para equilibrar cuentas y compensar lo que las provincias perdían, establecieron que Nación cubriera los déficits de las cajas no transferidas.
Los recurrentes incumplimientos de Nación con Santa Fe terminaron judicializándose, y hay una deuda global con la Caja de Jubilaciones de Santa Fe que se estima en $ 700.000 millones. En esa cifra se incluye lo que la Provincia dejó de percibir por pagos que desde 2020 Nación realizaba, pero bajo estimaciones de ejercicios anteriores, que por lo tanto iban desacoplados de valores actualizados.
A todo ese cuadro perjudicial para los intereses de Santa Fe, se sumó el decreto 280/2024 de la actual gestión nacional, que en su artículo 18 dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establecía que Ansés “transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas” y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a “las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)”.
Jubilaciones provinciales en riesgo
Ese corte abrupto de transferencias ha ocasionado una deuda de casi 70.000 millones de pesos de enero a junio, en base a este detalle:
- Enero: $8.711.439.249,00.-
- Febrero: 8.711.439.249,00.-
- Marzo: $11.079.208.437,00.-
- Abril: $12.464.109.491,00.-
- Mayo: $13.847.625.645,00.-
- Junio: $15.070.370.989,00.-
“A los fines de cubrir el importe que el Gobierno Nacional debería realizar como anticipos por $ 69.884 millones de pesos, el Tesoro Provincial ha debido menguar las partidas disponibles para atender áreas críticas como Salud, Seguridad, Educación, entre otras”, se indica en el recurso interpuesto ante la Corte. “A ello cabe agregar lo determinado en el Informe de la Caja, en cuanto se detalla que los montos requeridos para cubrir el presupuesto previsional se incrementan mes a mes, requiriéndose cada vez más fondos públicos para hacerle frente”, agrega el texto de la demanda.
Cabe consignar que de acuerdo a los últimos datos oficiales publicados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Santa Fe, en noviembre del año pasado había en la provincia 100.356 beneficiarios, de los cuales 76.425 son jubilaciones y 23.931 pensiones. Se incluyen allí todos los empleados estatales, desde policías, docentes, administrativos, a ex magistrados provinciales o ex ministros de la Corte provincial.
“La ausencia de fondos por ya medio año, sin ninguna previsión de restablecimiento de estos, más el incremento mensual de las necesidades financieras de la caja, más el objetivo contexto de emergencia de la provincia, determinan una situación que exige, necesariamente, una medida urgente que permita hacer frente a las necesidades previsionales. Es decir, no se trata aquí de cubrir gastos suntuosos e innecesarios, sino de cumplir con los haberes de jubilados”, advierte el recurso interpuesto por Provincia ante el máximo organismo judicial de la Nación.
Es el primer descarte que se realiza desde la creación del ministerio, en 2007. La iniciativa constituye uno de los ejes centrales del programa provincial Territorio 5.0, al reducir el uso de papel en la administración pública, que ya tuvo una primera instancia también en el Ministerio de Salud.
A través de subastas realizadas por la Aprad, el Gobierno recauda dinero para resarcir a las víctimas de delitos y realizar donaciones a instituciones, políticas de seguridad y autofinanciar la propia institución. Este año se realizaron dos subastas, donde se logró recaudar $ 1.124.000.000. Esta semana fue el turno de las instituciones ATE y ATEM.
Se realizará a través de un concurso de ingresos con convocatoria abierta a postulantes externos. La convocatoria debe responder a una necesidad organizacional y no solo a la existencia de una vacante.
El ministro de Desarrollo Productivo de la Provincia remarcó que “queremos una EPE transparente, austera, donde se termine con los privilegios” al brindar detalles de las nuevas condiciones para la contratación de personal en la empresa santafesina. La conferencia de prensa se desarrolló este lunes en la Sala Walsh de la Sede de Gobierno de Rosario.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, se refirió a la investigación en curso y el trabajo conjunto que se lleva adelante con Nación para el esclarecimiento del doble homicidio de Andrés Bracamonte y Daniel Attardo ocurrido el sábado en Rosario.
Así lo señaló el gobernador durante la entrega de más de 191 millones de pesos a municipios, comunas e instituciones civiles de los departamentos Rosario, San Martín, San Lorenzo y Caseros. “Las políticas de seguridad se están articulando de manera estructural, y eso nos va a permitir no retroceder nunca más en la provincia de Santa Fe”, resaltó.
El Gobierno provincial presentó los resultados del operativo orientado a dar orden, transparencia e institucionalización al servicio alimentario desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano. Durante el proceso se detectaron irregularidades en 250 instituciones conveniadas dentro del programa Tarjeta Institucional, de las cuales el 50 % logró corregir su situación. Con los fondos recuperados de los espacios dados de baja, se establecieron 180 nuevos convenios.
Un equipo de más de 60 bomberos zapadores, voluntarios y rescatistas santafesinos regresan a la provincia tras ayudar en el retiro de escombros y búsqueda de víctimas en el Hotel Dubrovnik. “Hay un buen nivel de respuesta a la emergencia”, destacaron autoridades del Gobierno provincial.
El miércoles en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo se llevó adelante audiencia imputativa a los identificados como Brian B, Alejandro B. y a Eduardo M. por los delitos de Homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas cometido contra una mujer mediando violencia de género en calidad de autores; y a las identificadas como Miranda L. y Natalia P. por el delito de Encubrimiento agravado en calidad de autoras.
Así lo afirmó el abogado Gabriel Filippini tras finalizar la audiciencia imputativa para los cinco acusados por el asesinato de Sofia Delgado de 20 años. "Los imputados buscaron en redes sociales la forma en que le iban a dar muerte a Sofi y así lo llevaron a cabo, con la misma modalidad que buscaron en Internet, con ataduras de manos y piernas de una mujer joven en contexto de vulnerabilidad".
A través del Decreto 1024/2024, el Gobierno Nacional habilitó que los medicamentos de venta libre puedan ser exhibidos en las góndolas de las farmacias y las personas los adquieran de forma directa, sin intermediación de un profesional matriculado en farmacia. Los remedios de venta bajo receta sí mantendrán ese requisito.
Los hechos se registaron en la tarde de ayer en barrio San Sebastian, durante una de las manifestaciones frente a la vivienda de la familia de uno de los acusado de darle muerte a Sofía Delgado, que tenrminó con graves incidentes, agresiones, daños y represión policial con balas de goma. Durante los disturbios Lázaro R., pareja de Sofía fue detenido.
Se trata de los ocupantes de una camioneta Toyota Hilux gris, quienes habrían incentivado los desórdenes que se registraron durante la manifestación que se llevó adelante por el homicidio de Sofía Delgado. Los detenidos Jesús Adán R., de 32 años, y Eduardo Julián G., de 29, fueron trasladados a sede policial.