Entre enero y septiembre último, se registraron 59.267 interrupciones voluntarias y legales de embarazos (IVE e ILE) en el sistema público de salud, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Salud de la Nación a la que accedió el Centro de Datos de Chequeado.

Se cumplen 2 años de la sanción de la ley que legalizó el aborto. La norma establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir ese proceso hasta las 14 semanas de gestación (IVE) y también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en los casos de violación, peligro de la vida o de la salud de la persona gestante (sin plazos).

En todo 2021, se registraron 73.487 interrupciones voluntarias y legales de embarazos en todo el país, de acuerdo con la información pública actualizada al 31 de julio último. Los datos del último año se fueron actualizando: en una edición previa del mismo informe, publicada en marzo último, se dio cuenta de 9.323 casos menos (64.164).

La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual.

Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre enero de 2021 y septiembre de 2022 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 21 cada mil mujeres, seguida por Tucumán, donde fue de 17,5. Si la se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados en ese período en números absolutos, la delantera la lleva la Provincia de Buenos Aires, con 55.812 IVE/ILEs.

Entre las provincias donde menos abortos se notificaron se encuentran Chaco y San Juan, con 4,6 y 3,1 cada mil mujeres, respectivamente.

“Mensualmente, cada provincia le envía a la Nación los registros de las interrupciones que los equipos de salud realizan, ya sea de manera ambulatoria (primer trimestre) o por internación (segundo trimestre)”, explicó a este medio Valeria Isla, directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación. Y agregó que “se coordinaron con las distintas jurisdicciones una serie de lineamientos” para que la información se recopile de manera uniforme y sea útil como insumo para la política sanitaria.

En relación a la actualización de los datos, la funcionaria señaló que desde la cartera identificaron “mucha demanda de esa información”. Por eso, dijo, “fue una decisión política dar los datos a tiempo real o con unos meses de demoras y después actualizar” y no “uno o dos años después como otra estadística sanitaria”.