El Gobierno estableció este jueves el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.
Nacional17/06/2022
La Lupa Medios
El Gobierno estableció el régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en el que el 90% no tendrá nuevos aumentos en sus facturas en lo que resta del año.
La medida se dispuso mediante el decreto 332/2022 publicado este jueves en un suplemento extraordinario del Boletín Oficial.
Poco antes de su publicación, la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, remarcó que "no va a haber ningún aumento de tarifas para el 90% de la población en el resto del año", y que el 10% restante "va a tener que pagar la tarifa plena" por sus ingresos y, por lo tanto, "no van a recibir ningún subsidio de parte del Estado".
Esa franja de usuarios está comprendida por aquel que –detalló la portavoz– "tiene ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a tres y media canastas básicas y totales; es titular de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años, o de tres o más inmuebles, o de una o más aeronaves o embarcaciones de lujo, o de activos societarios que exterioricen capacidad económica plena".
Asimismo, aclaró que éste sería "el único segmento que puede llegar a recibir un aumento, que se va a prorratear por bimestre desde ahora y hasta final del año".
Pagará la tarifa plena sin subsidios solamente el 10% de los usuarios con mayor capacidad económica.
El segundo nivel está integrado por los beneficiarios de la tarifa social, y el tercero es un nivel intermedio entre los dos anteriores.
Explicó que el segmento que recibe la tarifa social, alguno de los planes sociales y está en situación de vulnerabilidad "va a pagar la tarifa social, que implica que no puede tener en el año un aumento mayor al 40% del aumento del coeficiente del Salario Mínimo Vital y Móvil".
Tanto el nivel 2 como el 3 ya tuvieron los ajustes tarifarios correspondientes, equivalentes respectivamente al 40% y al 80% de la variación salarial del año pasado, y no volverán a tener incrementos en 2022.
Asimismo, se crea una nueva categoría de usuario que contempla los casos de inquilinos de viviendas que podrían estar a nombre de titulares con altos ingresos, a los efectos de evitar complicaciones para delimitar la segmentación.
Este domingo venció la moratoria provisional y, tal como anunció el Gobierno, no habrá prórroga. Esto afecta a unas 500 mil personas que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos para acceder a una jubilación.
La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció que realizará un paro general de 24 horas contra las políticas del Gobierno de Javier Milei, con fecha a definir, pero garantizando que será antes del 10 de abril. La decisión final será tomada por el consejo directivo de la central obrera el próximo 20 de marzo.
El Registro Nacional de las Personas (Renaper), organismo dependiente de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, estableció una adecuación del cuadro tarifario para la tramitación del documento nacional de identidad (DNI) y del pasaporte. El DNI regular tendrá un valor de siete mil quinientos pesos ($7.500) –con una vigencia de 15 años–, mientras que para las personas extranjeras la nueva tarifa será de catorce mil pesos ($14.000). A su vez, el nuevo importe del DNI incluirá sin costo el servicio de DNI Digital (DNI en el celular).
Los sindicatos docentes rechazaron la propuesta del Gobierno de elevar el salario mínimo docente a $500.000 —frente a los $420.000 vigentes desde agosto pasado— y confirmaron el paro nacional convocado por las organizaciones del sector que integran la CGT para el próximo lunes 5 de marzo. “Rechazamos la paupérrima propuesta salarial del Gobierno y repudiamos la pretensión de cerrar por decreto las negociaciones. Ratificamos el paro nacional del 5 de marzo”, declaró Sergio Romero, secretario de Políticas Educativas de la CGT y líder de la Unión Docentes Argentinos (UDA).
El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este miércoles que el presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima. La normativa fue publicada en el Boletín Oficial este jueves.
La medida busca agilizar el tránsito, reducir los tiempos de espera y mejorar la seguridad vial, eliminando las tradicionales cabinas de cobro. El nuevo sistema operará mediante lectura de patentes y dispositivos electrónicos instalados en los vehículos, similar al utilizado en algunos accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Aunque aún no se definió la fecha exacta de implementación, el Gobierno aseguró que este cambio es parte de un plan integral de modernización vial.
Uno de los cambios más relevantes es la extensión de los plazos para la VTV en vehículos particulares. A partir de ahora, los autos 0 km deberán realizar su primera revisión a los 5 años , mientras que aquellos con más de 10 años de antigüedad deberán renovarla cada dos años. En el caso de los vehículos comerciales, el plazo de control se establece en dos años. Además, ya no será obligatorio realizar la VTV en dependencias estatales, sino que podrá hacerse en concesionarias y talleres particulares habilitados. Sin embargo, la implementación de estos cambios quedará a criterio de cada provincia.
En los próximos días, el Gobierno Nacional llevará adelante la privatización total de Corredores Viales S.A. bajo la modalidad de concesión de obra pública por peaje, en los términos de la Ley Nº 17.520. En este sentido, se delegará en el Ministerio de Economía la facultad para efectuar el llamado para dar inicio al proceso licitatorio por etapas de la Red Federal de Concesiones. La privatización por concesión permitirá realizar la extinción de los contratos de concesión vigentes y el posterior cierre de la empresa Corredores Viales S.A. Esta medida fomentará nuevas concesiones destinadas a capitales privados que permitirán generar un ahorro en los gastos del Tesoro Nacional.
Se trata de un suejto de 27 años, quien fue detenido por la Brigada Motorizada luego de una persecución, en Fray Luis Beltrán. El hecho ocurrió cuando los agentes patrullaban la zona y observaron a un individuo a bordo de una motocicleta a alta velocidad de barrio Ombú, doblando bruscamente por calle General Paz. Durante la requisa, la policía le secuestró un cuchillo con mango plástico y tres cuchillas tipo trincheta.
Este fin de semana se jugó la tercera fecha del campeonato de fútbol mayor de la Liga Sanlorencina, que dejó partidos vibrantes y una tabla que comienza a marcar diferencias. Sargento Cabral fue la gran figura de la jornada con una goleada que lo consolida en la cima del torneo, siendo el único equipo con puntaje perfecto.
Se trata de un hombre de 32 años y una menor de 17, que fueron aprehendidos en Capitán Bermúdez después de amenazar y agredir a tres personas, dos mujeres y un joven, en la zona de Bajada El Espinillo. Las víctimas, dos mujeres de 28 y 45 años y un joven de 22 años, todos oriundos de Capitán Bermúdez, dijeron haber sido amenazados y agredidos por el hombre y la menor, quienes son conocidos por ellos.
El viernes 9 de mayo, la localidad de Timbúes será sede de un imperdible Festival de Boxeo que tendrá lugar en el Club Sarmiento, ubicado en Mitre 540. La jornada comenzará a las 21 horas y promete 12 peleas amateur de alto nivel. El evento será fiscalizado por la Asociación Santafesina de Box y cuenta con la organización del profesor Ángel Steinbeck. También habrá servicio de buffet para disfrutar durante la velada.
El Fiscal Dr. César Cabrera acusó a Nicolás Eduardo G., de 29 años por tenencia ilegítima de arma de fuego de guerra y encubrimiento, y a Ludmila Ailén G., de 24; y Valentina del Carmen C., de 25, por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El Juez Dr. Sosa tuvo por formalizada la audiencia imputativa haciendo lugar al pedido de la Fiscalía de prisión preventiva por el plazo de 60 días para Nicolas Eduardo G. y Ludmila Ailén G., y para Valentina C. se dictó libertad con restricciones, entre ellas: presentación semanal ante la Oficina de Gestión Judicial, constitución de domicilio y de un garante personal, y prohibición de contacto con personas vinculadas a la causa, por un plazo también de 60 días.