Vicentín, consorcio compuesto por 33 empresas, a casi dos años del inicio del concurso preventivo de acreedores que se cumplirán el próximo 10 de febrero, propone pagar lo que quiere y cómo quiere.

A pesar de las cinco causas penales iniciadas, el pedido de embargo contra varios de sus ex directivos, el grupo ha recuperado hasta la posibilidad de exportar. Vicentín es, hace y deshace porque lo dejan ser, hacer y deshacer. Pero más allá de las responsabilidades de los jueces en esta consolidada impunidad para quienes vaciaron, evadieron y fugaron dineros del pueblo argentino, es preciso preguntar si por lo menos en estos casi dos años el conglomerado pagó las deudas impositivas y aduaneras que concierne a la suerte del estado nacional, provincial y hasta de municipios y comunas santafesinas.

Al 18 de febrero de 2020, cuando se oficializaron 2.638 legajos de acreedores, figuraba la AFIP con una acreencia de 1.525.132.352,04 pesos; la Administración Provincial de Impuestos con 104.103.965, 69 pesos; la municipalidad de Avellaneda con 3.850.645,67 pesos; la municipalidad de Rosario, 189.598,62 pesos; la municipalidad de San Lorenzo, 17.306.152,09 pesos; la comuna de Lanteri, con 5.041 pesos y la comuna de Ricardone con 191.886,76 pesos. ¿Les pagó algo Vicentín a estos entes estatales?. ¿Ya está exportando Vicentín?. ¿Cómo se controla lo que entra y sale de Renova y por las terminales vinculadas a Vicentín?.

Es imperativo que más allá de la suerte individual de los que vaciaron Vicentín y estafaron en 1.500 millones de dólares al pueblo argentino, los gobiernos den la cara y digan si cobraron algo de todo esto o si piensan seguir mirando para otro lado.

Por Carlos del Frade.
Diputado Provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe.
Integrante de la Comisión de Seguimiento del caso Vicentin.
Autor del libro “Vicentin, desaparecedores y fugadores. Capitalismo argentino”.