Comenzó en San Lorenzo el juicio contra un hombre acusado de amenazar y mantener cautiva a su pareja

El acusado tiene 42 años y enfrenta cargos por amenazas coactivas, tenencia ilegal de un arma de fuego y privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo. La Fiscalía solicitó seis años de prisión efectiva.
Judiciales11/11/2026La Lupa MediosLa Lupa Medios
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Este martes 10 de noviembre comenzó en los Tribunales Provinciales de San Lorenzo el juicio oral contra un hombre de 42 años, acusado de amenazar de muerte a su pareja y someterla durante casi dos años a un régimen de control y dominio que incluyó restricciones a su libertad personal.

El debate está a cargo de un tribunal unipersonal presidido por el juez de primera instancia, doctor Fogliato. La fiscal Victoria Vigna representa al Ministerio Público de la Acusación y solicitó una pena de seis años de prisión efectiva, una multa y la declaración de reincidencia.

La acusación comprende los delitos de amenazas coactivas, tenencia ilegal de un arma de fuego de uso civil y privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, por haber sido cometida mediante amenazas y por su duración.

De acuerdo con la reconstrucción fiscal, uno de los episodios ocurrió el 11 de agosto de 2023, alrededor de las 00:30, en una vivienda de Maciel donde el acusado convivía con la víctima. Luego de una discusión, el hombre habría amenazado con matarla si decidía separarse.

Ante esa situación, la mujer salió corriendo hacia la comisaría de Maciel para pedir ayuda. El acusado habría aprovechado ese momento para escapar del domicilio.

En el mismo procedimiento, la Fiscalía también le atribuyó haber tenido en la vivienda, sin la correspondiente autorización legal, una escopeta de un solo tiro, calibre 16, marca Centauro, modelo UAV y número de serie identificado.

Además, se le imputa haber restringido la libertad y la autonomía de su pareja desde enero de 2023 hasta el 18 de diciembre de 2024. Según la acusación, durante ese período habría ejercido un control permanente sobre sus movimientos y decisiones, manteniéndola bajo vigilancia en el domicilio y exigiéndole autorización para salir.

La Fiscalía sostiene que esas restricciones se imponían mediante amenazas, incluso ante la posibilidad de que la mujer no regresara a la vivienda o decidiera realizar una denuncia.

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