La Lupa Medios
La continuidad de los tratamientos, el financiamiento de las instituciones y la protección de los derechos sociales fueron algunos de los principales temas planteados durante una jornada de reclamo por la discapacidad en San Lorenzo. La actividad, impulsada por la Mesa Accionar, combinó intervenciones comunitarias y expresiones artísticas con la lectura de un documento que reunió las demandas del sector.
La convocatoria tuvo como principales objetivos exigir que se extienda la emergencia nacional en discapacidad y reclamar que el Presupuesto 2027 contemple los recursos necesarios para sostener las prestaciones. Desde la organización advirtieron que las decisiones económicas pueden repercutir directamente en la atención y en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y sus familias.
Uno de los puntos de mayor preocupación está relacionado con las modificaciones que, según señalaron, propone el proyecto presupuestario para el sistema de prestaciones. La Mesa Accionar cuestionó la posible eliminación de la obligatoriedad de los aranceles comunes para todo el país y alertó sobre cambios normativos que podrían debilitar las protecciones existentes. También expresó inquietud por las modificaciones vinculadas con las pensiones y la seguridad social.
Otro reclamo estuvo relacionado con la vigencia de la emergencia nacional en discapacidad, establecida por la Ley 27.700, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre de 2026. La organización recordó que su aplicación debió ser exigida judicialmente y pidió que se garantice la continuidad de las medidas de protección.
La situación laboral de los acompañantes terapéuticos también ocupó un lugar central en la jornada. Trabajadores del sector se sumaron a la convocatoria para reclamar una regulación profesional, remuneraciones dignas y el cumplimiento de los plazos de pago. Advirtieron que las dificultades que enfrentan repercuten en la posibilidad de sostener los apoyos que necesitan quienes reciben acompañamiento.
Desde la Mesa Accionar señalaron que las consecuencias de la falta de recursos se reflejan en tratamientos que pueden quedar interrumpidos, dificultades para acceder al transporte adaptado y problemas financieros que comprometen el funcionamiento de las instituciones. A esto se suma la carga que deben asumir las familias cuando no cuentan con los apoyos necesarios.
La jornada concluyó con la reafirmación del reclamo por políticas públicas que garanticen la continuidad de las prestaciones, la protección social y el respeto de los derechos de las personas con discapacidad. Bajo la consigna “Nada sobre nosotros sin nosotros”, los participantes adelantaron que mantendrán sus demandas en los espacios públicos e institucionales.
Con información de: Dia0 - foto gentileza Gonzalo del Pino
