La Justicia intimó al Gobierno a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario en cinco días

La Justicia Federal intimó al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, luego de considerar que la medida cautelar vigente aún no fue cumplida en su totalidad.

La decisión fue tomada por el juez federal Martín Cormick, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, quien estableció un plazo de cinco días para que el Poder Ejecutivo dé cumplimiento efectivo a lo dispuesto judicialmente. En caso contrario, el magistrado advirtió sobre la posibilidad de aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

En su resolución, Cormick señaló que la cautelar se encuentra firme y que, de acuerdo con lo actuado en la causa, “no existe cumplimiento total” de la medida. Por ese motivo, intimó al Estado nacional a avanzar con su ejecución dentro del plazo establecido.

La medida judicial se vincula con distintos aspectos contemplados en la Ley 27.795, entre ellos la recomposición de los salarios de docentes y no docentes universitarios y la actualización de programas de becas estudiantiles.

La norma, denominada Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, fue sancionada por el Congreso en 2025 luego de que ambas cámaras insistieran con su aprobación frente al veto presidencial. El texto establece mecanismos de actualización presupuestaria y contempla medidas vinculadas al financiamiento universitario y las condiciones salariales del sector.

La decisión de Cormick se conoce en medio del conflicto que mantienen las universidades nacionales y el Gobierno por la aplicación de la normativa. A comienzos de septiembre, el mismo juzgado había hecho lugar a una medida cautelar solicitada por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ordenado al Ejecutivo ejecutar partidas destinadas al funcionamiento, recomposición salarial, becas e investigación.

Desde CONADU Histórica sostuvieron que, según sus cálculos, para cumplir con la ley debería aplicarse una recomposición del 33,4%. Se trata de una estimación del sector sindical, no de una cifra establecida en la resolución conocida este martes.

El conflicto universitario continúa además con medidas de fuerza y la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria prevista para el 15 de octubre, en reclamo por la aplicación de la ley y mejoras presupuestarias y salariales.