Santa Fe sostiene el equilibrio de sus cuentas corrientes y un alto nivel de inversión pública

El primer semestre de 2026 concluyó con un resultado económico positivo para la Provincia: los ingresos corrientes totalizaron $ 6,998 billones, mientras que los gastos corrientes ascendieron a  $6,950 billones.
El superávit se alcanzó pese al aumento de las prestaciones esenciales que brinda el Estado, entre ellas salud, educación, seguridad, asistencia y seguridad social, y en paralelo a un sostenido nivel de inversión pública en infraestructura.

Los gastos corrientes incluyen principalmente las remuneraciones de los trabajadores estatales, las prestaciones de la seguridad social, las transferencias y los recursos necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos.

Entre enero y junio, las remuneraciones representaron el principal componente del gasto corriente, con $ 3,110 billones; las prestaciones de la seguridad social alcanzaron $ 1,393 billones y las transferencias corrientes, $ 1,230 billones.

Las remuneraciones registraron un incremento interanual del 47,91 %, como consecuencia del impacto de las políticas salariales implementadas desde el comienzo de 2026.
Así, la administración provincial logró financiar con recursos corrientes los gastos necesarios para garantizar el funcionamiento del Estado, aun en un contexto económico nacional complejo.

Cómo se financia la inversión pública

El análisis de las cuentas también debe contemplar la composición del gasto. Los ingresos corrientes cubrieron la totalidad de los gastos corrientes y generaron un ahorro de $ 48.038 millones. El resultado financiero negativo, por su parte, expresa contablemente el uso de fuentes financieras -por debajo de la línea- para financiar el esfuerzo adicional destinado a la inversión pública.

El gasto de capital -obras, maquinaria y otros bienes- se financió durante el primer semestre mediante una combinación de ahorro y recursos de capital, que en conjunto representaron el 11,61 % del financiamiento; disponibilidades acumuladas de ejercicios anteriores, derivadas de los superávits de 2024 y 2025, que aportaron el 70,26 %; préstamos destinados a obra pública, con el 6,58 %; convenios bancarios, con el 5,75 %; y recupero de anticipos, con el 5,43 %.

La inversión pública se sostiene, de este modo, con fuentes genuinas de financiamiento y recursos acumulados en ejercicios anteriores. Esta ejecución planificada se respalda, además, en que a junio no se registraban deuda flotante ni atrasos vinculados al gasto de capital.

Administrar con responsabilidad y proyectar crecimiento

La estrategia fiscal provincial busca garantizar de manera simultánea el funcionamiento del Estado y la inversión necesaria para el desarrollo, sin limitarse a la búsqueda de un resultado positivo en las cuentas.

“Sería fácil mostrar superávit general a costa de no arreglar rutas, de no brindar medicamentos en los hospitales o de no garantizar un plato de comida en los comedores, pero ese no es el mandato que nos marcó el gobernador Maximiliano Pullaro ni la manera de hacer crecer una provincia”, resaltó el ministro de Economía, Pablo Olivares.

El funcionario destacó que “las inversiones récord en infraestructura que estamos realizando permitirán generar un mayor desarrollo productivo, más empleo e impulsar el crecimiento económico de la provincia de Santa Fe para seguir invirtiendo en desarrollo”.

Cumplimiento de reglas fiscales y gestión transparente

El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal verificó que Santa Fe cumplió durante 2025 con los límites establecidos para los gastos corrientes y los servicios de la deuda. El informe anual también destacó el cumplimiento de las obligaciones de publicación de información fiscal.

El organismo nacional señaló que el crecimiento del gasto corriente primario se ubicó por debajo del límite previsto por la normativa vigente.

Otro de los indicadores analizados por el Consejo corresponde a los servicios de la deuda, es decir, los pagos de capital e intereses que debe afrontar la Provincia. La normativa establece que estos servicios no pueden superar el 15 % de los recursos corrientes netos de las transferencias por coparticipación a municipios. En Santa Fe, durante 2025, este indicador fue del 2,3 %.