La Lupa Medios
Desde este sábado 5 de septiembre, a las 0 horas, comenzará a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley Nacional 27.801. La normativa introduce cambios en el sistema de responsabilidad penal para menores de edad y establece nuevas pautas para la intervención de la Justicia.
El principal cambio es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. A partir de la entrada en vigencia del régimen, los adolescentes de 14 y 15 años podrán quedar sometidos a un proceso penal cuando estén involucrados en determinados delitos, bajo un sistema específico y diferenciado del régimen de adultos.
La reforma fue promulgada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial.
Un sistema de sanciones escalonado
El nuevo régimen contempla distintas respuestas según la edad del adolescente, la gravedad del delito y las circunstancias del hecho.
Entre las medidas previstas aparecen programas socioeducativos, restricciones de conducta, tareas comunitarias y mecanismos de reparación del daño. Para los casos considerados más graves también se contempla la posibilidad de imponer penas de prisión, que deberán cumplirse en establecimientos diferenciados de los destinados a personas adultas.
La normativa establece como uno de sus objetivos la reinserción social y el acompañamiento educativo, con la intención de que las medidas aplicadas contemplen tanto la responsabilidad por el delito como las características particulares de los adolescentes.
De 13 a 14 años
Uno de los principales cambios respecto del proyecto original se produjo durante el debate legislativo. La iniciativa impulsada inicialmente por el oficialismo proponía establecer la edad de imputabilidad en 13 años, pero finalmente el Congreso fijó el límite en 14 años.
El Senado aprobó la iniciativa el 27 de febrero, durante el período de sesiones extraordinarias, con 44 votos a favor y 27 en contra.
La reforma contó con el respaldo de legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.
Un nuevo desafío para el sistema de seguridad
La entrada en vigencia del régimen también plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para implementar el nuevo esquema. Será necesario contar con infraestructura especializada, establecimientos adecuados, equipos interdisciplinarios y dispositivos de acompañamiento que permitan cumplir con las características particulares del sistema penal juvenil.
En distintas provincias, entre ellas Salta, también se advierte sobre la necesidad de evitar que los adolescentes alcanzados por la nueva normativa sean alojados en dependencias destinadas a adultos o en condiciones de hacinamiento.
¿Qué cambia desde el 5 de septiembre?
Con la entrada en vigencia de la Ley 27.801:
La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil abre así una nueva etapa en la Justicia argentina y vuelve a poner en el centro del debate la relación entre seguridad, responsabilidad penal, prevención y protección de los derechos de niños y adolescentes.
