Lucas Bigil
El Gobierno de Santa Fe celebró la decisión del Parlamento Europeo de rechazar la normativa que clasificaba a la soja argentina como cultivo de “alto riesgo ILUC” (Cambio Indirecto del Uso del Suelo), una medida que amenazaba con excluir al biodiésel nacional de los objetivos de energías renovables de la Unión Europea.
Tras conocerse la resolución, el gobernador Maximiliano Pullaro expresó en sus redes sociales que el resultado “es fruto de un gran trabajo conjunto entre gobiernos provinciales, el Gobierno nacional y el sector privado. Juntos defendimos a nuestra soja, a nuestro campo y a nuestra industria del biodiésel”.
Además, recordó las gestiones realizadas ante la Cancillería para sostener la posición argentina. En ese marco, señaló que presentó un documento con evidencia científica y económica que respaldaba la sustentabilidad del biodiésel producido en el país y reafirmó su compromiso con “una matriz energética más sustentable, que cuide el ambiente, impulse la producción, genere empleo y agregue valor a nuestra materia prima”.
Defender la producción santafesina
El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que “este resultado demuestra que cuando el Estado provincial asume un rol activo puede obtener logros que impactan directamente en el empleo, las inversiones y las exportaciones”.
Además, remarcó que eliminar esta barrera comercial era determinante para la economía provincial, ya que el cierre del mercado europeo ponía en riesgo exportaciones de biodiésel por unos 390 millones de dólares anuales y afectaba a un sector en el que Santa Fe concentra históricamente más del 80% de la capacidad instalada del país.
Un dossier técnico que evitó pérdidas millonarias
Como parte de la estrategia de defensa, Santa Fe elaboró y presentó ante las autoridades europeas un dossier técnico con evidencia científica que acreditó la sustentabilidad del sistema productivo argentino.
El informe demostró que el biodiésel nacional reduce cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto del gasóleo de origen fósil y que la producción de soja no implica la expansión de la frontera agrícola sobre bosques nativos.
Según la Provincia, sin ese respaldo técnico el mercado europeo podría haberse cerrado para el biodiésel argentino, comprometiendo exportaciones estimadas en 390 millones de dólares anuales.
El desafío ahora está en la nueva Ley de Biocombustibles
Tras el respaldo obtenido en Europa, el Gobierno provincial volvió a reclamar al Congreso de la Nación el tratamiento urgente de una nueva Ley Nacional de Biocombustibles que permita aprovechar la capacidad instalada de la industria, actualmente con niveles de ociosidad de entre 50% y 65%.
La propuesta plantea elevar el corte obligatorio de biodiésel al 15% (B15), avanzar luego al 20% (B20) cuando sea competitivo frente al diésel importado, incorporar el Diésel Renovable (HVO) y el Combustible Sustentable de Aviación (SAF) al RIGI y distribuir el mercado interno con un 40% para plantas no integradas y un 60% para las integradas.
Puccini recordó que Argentina importa cada año alrededor de 1.500 millones de litros de gasóleo que podrían reemplazarse por producción nacional de biodiésel.
