La Lupa Medios
A una semana de su sanción en el Congreso, el Gobierno nacional promulgó este viernes la denominada Ley de Modernización Laboral, que introduce cambios en el esquema de contrataciones y en las relaciones laborales en Argentina.
La medida quedó oficializada mediante el Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial, que pone en vigencia la Ley 27.802. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.
La reforma laboral había sido aprobada por el Senado con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, luego de que la Cámara alta ratificara las modificaciones introducidas por Diputados, entre ellas la eliminación del artículo 44 del texto original, referido a las licencias médicas.
La ley, compuesta por 25 capítulos, incorpora cambios en el régimen de contratación, establece incentivos a la formalización del empleo y plantea nuevas reglas en la Justicia laboral con el objetivo de reducir la litigiosidad que afecta especialmente a pequeñas y medianas empresas.
Entre los puntos centrales, el artículo 245 reformula el sistema indemnizatorio y establece que, en caso de despido sin causa, corresponderá una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres meses, con parámetros específicos para calcular la remuneración habitual y topes.
Además, el artículo 58 crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), cuentas específicas e inembargables que deberán constituir los empleadores mediante un aporte mensual sobre las contribuciones patronales: del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes. La administración de estos recursos quedará bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores.
La normativa también introduce cambios en el régimen de vacaciones. El empleador deberá otorgarlas entre el 1º de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar tomarlas fuera de ese período o fraccionarlas en tramos de al menos siete días.
En cuanto a las horas extras, se habilita la posibilidad de establecer un sistema de “banco de horas”, mediante acuerdos voluntarios entre empleador y trabajador, que deberán formalizarse por escrito y contar con mecanismos de control.
La ley también fija nuevos cronogramas de financiamiento para distintos organismos y establece que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pasará a financiarse exclusivamente con partidas del Presupuesto Nacional a partir de 2028.
La normativa aclara que sus disposiciones no se aplicarán a trabajadores de la administración pública nacional o provincial, personal de casas particulares, trabajadores agrarios ni a prestadores independientes de plataformas tecnológicas, salvo que normas específicas dispongan lo contrario.
