La víctima fue trasladada de urgencia al Heca con varios disparos en la cabeza. Ocurrió en Mendoza y Méjico de la ciudad de Rosario. Choferes iniciaron una huelga hasta nuevo aviso, confirmaron desde la Unión Tranviarios Automotor
Policiales 07/03/2024
La Lupa Medios
Un chofer de línea K, de 39 años, fue atacado a tiros este jueves en Mendoza y Méjico y una ambulancia del Sies lo trasladó en grave estado al Hospital Emergencias Clemente Álvarez (Heca) con disparos en la cabeza. La UTA lanzó un paro del transporte urbano e interurbano hasta nuevo aviso.
Las versiones preliminares señalan que el chofer recibió entre dos y tres disparos de parte de un falso pasajero de corta edad.
El chico hizo seña a la unidad y cuando el chofer abrió la puerta le disparó para escapar junto a un cómplice que lo esperaba en una moto, según testigos.
En medio de una conmoción total en el barrio, el trabajador fue llevado de urgencia al Heca.
"Está gravísimo según lo último que me dijeron. Tiene muy pocas chances", dijo a Radio 2 el titular de la UTA Sergio Coppello y confirmó el paro en líneas urbanas e interurbanas hasta nuevo aviso.
Se trata del tercer hecho violento contra un trabajador de un servicio público en poco más de 24 horas luego de dos violentos crímenes a choferes de taxi en las últimas noches.
Había gran conmoción entre los choferes del transporte urbano de pasajeros a medida que, quienes estaban de servicio, se iban enterando del hecho.
Fuente: Rosario3
El agresor intentó robarle el celular y la bicicleta a dos chicos quienes al negarse a entregar sus pertenencias, fueron agredidos por el delincuente. Una de las víctima recibió un golpe en la cabeza que le causó un corte en el cuero cabelludo y debió ser trasladado al hospital local. El malviviente de 19 años, fue detenido y trasladado a sede policial.
Sucedió en calle Sarmiento al 700 de Fray Luis Beltrán, donde un hombre tras un altercado efectuó varios disparos contra un joven de 22 años. La víctima resultó ileso y personal de Comando Radioeléctrico detuvo al agresor de 39 años y le secuestró una escopeta.
Los procedimientos se llevaron adelante en cinco domicilios de la localidad de Pérez, donde se aprehendieron a dos hombres y dos mujeres. Los detenidos le exigían a la victima cinco millones a cambio de protección.
Ocurrió en una vivienda de calle España al 300 en la zona norte de San Lorenzo. La víctima, un hombre de 70 años, se cayó dentro del inmueble y se solicitó la presencia de Bomberos Zapadores para poder asistirlo ya que no se podía moverse por sus propios medios.
El incendio se inició en el sector designado como lavadero de una vivienda ubicada en calle El Liquidámbar al 4400 en Puerto Gral. San Martín. Gracias a la rápida intervención de los vecinos del barrio, se logró controlar el fuego antes de que se propagara aún más. La propietaria del inmueble, una mujer de 31 años, sufrió leves en sus extremidades superiores como resultado del incidente.
El sujeto de 45 años fue aprendido esta madrugada luego de sustraer gaseosas y bebidas alcohólicas de un kiosco de calle Tucumán al 600 de San Lorenzo.
La jueza Strólogo resolvió homologar el procedimiento abreviado presentado por la Fiscalía y aceptado por la Defensa condenando a Agustín Sabán a la pena de 5 años de prisión efectiva por varios hechos de robo calificado y encubrimiento. Se le atribuyeron hechos ocurridos entre 2018 y 2022.
El sujeto mayor de edad fue aprehendido y se le secuestró un cuchillo tipo serrucho entre sus pertenencias. Sucedió en la estación de servicio Shell de avenida San Martín y Alem de San Lorenzo.
“Con el dinero recaudado vamos a resarcir a las víctimas y a donar a instituciones de bien público que nos permitan contener a los sectores más vulnerables de la sociedad”, explicó el gobernador Maximiliano Pullaro
En una reunión que tuvo lugar en Buenos Aires, ambos equipos analizaron e hicieron un repaso de las obras públicas que el gobierno nacional tiene pendientes a concretar en la provincia.
Con la presencia del ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, el operativo estuvo vinculado a una resolución judicial que autorizó la demolición de siete inmuebles en total, en el marco de la Ley de Microtráfico.